El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha declarado este miércoles durante unas dos horas ante la Policía y ha negado cualquier responsabilidad en el golpe del pasado 8 de enero, que intentó derrocar al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder de la ultraderecha, que gobernó entre 2019 y 2022, ha evitado todo contacto con los periodistas que le esperaron frente a la sede de la Policía Federal, en Brasilia, pero sus representantes legales han dicho que "ha explicado" la situación y ha negado haber alentado la protesta.

Fabio Wajngarten, exministro de Información y actual asesor del exdirigente, ha asegurado que el expresidente, que el día del golpe estaba en Estados Unidos, "repudió" ese mismo 8 de enero la invasión de una horda de bolsonaristas a las sedes de los tres poderes de la Nación, con la clara intención de derrocar al Gobierno de Lula.

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También ha rechazado que Bolsonaro haya alentado el golpe con su negativa a reconocer públicamente el triunfo de Lula en los comicios de octubre pasado o que haya incitado a sus seguidores a protestar de forma violenta contra el proceso electoral.

"Con el fin de la elección, el presidente pasó la página, no articuló nada, se recluyó y viajó el 30 de diciembre a Estados Unidos", ha dicho. Lo hizo aún en su condición de mandatario y permaneció en el país durante tres meses, ha afirmado Wajngarten, que ha subrayado que Bolsonaro está dispuesto a presentarse nuevamente ante la Policía Federal.

Identificar a los "autores intelectuales"

El proceso se tramita en la Corte Suprema y apunta a identificar a los "autores intelectuales" y a quienes financiaron los sucesos de enero.

Por el intento golpista fueron detenidas 2.151 personas, de las cuales unas 300 permanecen en prisión, en tanto que el resto responderá ante los tribunales en libertad.

La Corte Suprema ya ha aceptado los cargos contra los primeros 100 acusados y esta misma semana analiza las acusaciones que han sido presentadas contra otros 200.

Bolsonaro, que perdió el aforamiento el pasado 1 de enero con la investidura de Lula, responde ante la Justicia ordinaria en una decena de procesos, acusado de abusos de poder y económicos, entre otros cargos, y también es investigado en otras causas tramitadas en el Supremo y en tribunales electorales.