Desde enero, la Guàrdia Urbana ha identificado sólo en el distrito de Ciutat Vella a 6.250 prostitutas que ejercían en la calle. Una práctica penalizada por la ordenanza de civismo con multas de hasta 750 euros.

Durante este verano se han alcanzado 155 denuncias realizadas contra el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales en la calle, una media de dos al día. Desde que se aplicó la ordenanza, en enero de 2006, la Policía ha interpuesto 11.533 denuncias, según datos municipales.

En tan sólo dos años, Barcelona ha doblado el número de pisos donde tiene lugar la prostitución de forma ilegal (hay 800), según datos de la Associació Catalana d’Empreses de Clubs d’Alterne.

El Ajuntament defiende que aplica la ordenanza de forma «contundente», frente a las críticas de vecinos y comerciantes. Y culpó al Ministerio de Interior porque «sólo repatría al 1% de las personas indocumentadas».