La familia de Romina Celeste Núñez, la joven paraguaya asesinada en Canarias el 1 de enero de 2019, está indignada y alarmada porque su presunto asesino, el que entonces era su marido, Raúl Díaz, acaba de salir de la cárcel al cumplirse el tiempo máximo de prisión preventiva a la espera de juicio que una persona puede pasar en España (cuatro años).

¿Y cómo es posible que un presunto asesino quede en libertad por la lentitud del procedimiento? Según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), se trata de una causa que ha pasado por varios jueces instructores y abogados defensores y cuyo procedimiento, tras habilitarse por el juzgado en agosto para acelerarlo, llegó el 29 de septiembre de 2022 a la Sección Segunda.

En este momento, se apreció que faltaba por realizar una prueba que habían solicitado las partes, por lo que se devolvió al órgano judicial para su práctica. Con todo, la Sección Segunda recepcionó la causa el 20 de octubre de 2022 con una serie de cuestiones previas para resolver, lo que hizo imposible señalar el plenario. Estas cuestiones previas se resolvieron mediante auto de 1 de diciembre, siendo susceptible de recurso ante el TSJC, por lo que la defensa lo recurrió.

A mediados de diciembre, fuentes de la Audiencia Provincial de Las Palmas ya adelantaron que no parecía técnicamente posible que el juicio pudiera celebrarse antes de que Raúl Díaz saliera de la cárcel.

"El problema es la falta de medios y la ley jurídica"

"Es imposible que una persona pueda permanecer más de cuatro años en prisión preventiva. Puede estar dos y después prorrogarse hasta cuatro, pero no puede estar más", afirma Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista de Ospina Abogados.

"No es habitual que sucedan este tipo de situaciones, pero sí ocurren más veces de las que pensamos", asegura. "El problema de la lentitud de la justicia es la falta de medios materiales y la ley jurídica. La Ley de Enjuiciamiento Criminal española no beneficia la investigación criminal y creo que habría que hacer una reforma para que se practiquen diligencias de una manera más ágil", añade.

Según Ospina "la Ley de Enjuiciamiento Criminal española es muy garantista en la investigación criminal en comparación con otros países de nuestro entorno". "Eso es una salvaguarda de nuestra libertad y tenemos que estar todos orgullosos de la misma, pero es cierto que también produce ciertas situaciones anormales como la ralentización de los procedimientos", subraya.

El letrado aboga por una reforma de la ley para "acortar y mejorar los plazos de investigación, el tiempo que la defensa y la acusación necesitan para preparar el hipotético juicio oral". Y apunta a que esta ley "tiene el articulado obsoleto e inapropiado para nuestro tiempo".

"No solo es un problema de falta de medios. El procedimiento se dilata en función de las diligencias que las partes pueden ir pidiendo para reconstruir los hechos, las cuales, a veces no llegan, otras veces no se practican y en ocasiones, las que son necesarias ya han desaparecido", explica. "Tenemos procesos penales muy lentos porque la ley permite la práctica de pruebas que son indeterminadas", añade.

Lo cierto es que el acusado por el asesinato de Romina ha salido de la prisión de Tahíche, en Lanzarote, aunque tiene prohibido salir de territorio nacional porque se le ha retirado el pasaporte. Además, está obligado a comparecer todos los lunes en sede judicial, a designar un domicilio en España y notificar cuantos cambios de domicilio realice.