El director general de la Policia, Pere Ferrer, ha anunciado este viernes que los Mossos d'Esquadra incorporarán a partir de 2023 más cámaras de pecho, no solo para los agentes de orden público sino también, siempre que se pueda, para agentes de seguridad ciudadana. Actualmente el cuerpo tiene unas 150 y este incremento de los próximos años sería para paliar el hecho de que no existan en el mercado cámaras específicas para lanzadores de proyectiles de foam. 

Ferrer lo ha explicado en su comparecencia en la comisión de estudio sobre el modelo policial del Parlament, donde ha remarcado que los dispositivos de orden público ya se han dotado en los últimos años de más cámaras y sistemas de transmisión de imágenes para coordinar una mejor actuación policial.

Este incremento de cámaras en los próximos años sería para paliar el hecho de que no existan en el mercado de específicas para lanzadores de proyectiles de foam

El incremento de cámaras beneficia tanto a agentes como a ciudadanos, ha dicho Ferrer, pero hará falta más presupuesto y cambiar métodos internos de trabajo del cuerpo, que también tendrá que incrementar la capacidad de almacenamiento audiovisual.

En este sentido, ha destacado la importancia del uso de los drones y la mejora de la geolocalización de las furgonetas de la Brimo, lo que también ha permitido realizar actuaciones más "quirúrgicas". Desde 2019 Interior ha invertido 10 millones de euros en material tecnológico, protección para los agentes de orden público, vehículos y munición.

El director general también ha explicado que la mayor parte del trabajo de las unidades de orden público son tareas de seguridad ciudadana y de apoyo, y que solo el 10 o 12% del tiempo son trabajos específicos de orden público. De las 250.000 horas que la Brimo hizo entre enero y agosto de  2022, unas 120.000, un 48%, fueron tareas de apoyo como traslados de personas, vigilancias de edificios o dispositivos de tráfico. 

El 40%, unas 100.000 horas, fueron de seguridad ciudadana, con presencia policial efectiva para disuasión y para tener tiempo de reacción adecuado. Solo el 12% de las horas, unas 32.000, fueron trabajos de orden público en manifestaciones, desahucios, actos deportivos, controles antiterroristas, protecciones de personalidades o asaltos a plantaciones de marihuana. Finalmente, el tiempo de reacción supuso el 1% de las horas.

En el caso de los ARRO, la distribución de los tiempos fue similar. Un 63% fue para seguridad ciudadana y un 24% de apoyo. Por eso, Ferrer cree que esta polivalencia hay que ampliarla también a otras unidades.

Ferrer ha explicado que las conclusiones de la comisión de investigación sobre orden público de 2013 en el Parlament se han cumplido mayoritariamente. Algunas de las medidas, además, se han ido actualizando en los últimos años, pero ha reconocido que hay que aumentar la transparencia y la trazabilidad de las actuaciones para cumplir las recomendaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

Por último, Ferrer, preguntado por su continuidad em el cargo después de que JxCat haya abandonado el Govern, ha dicho que siempre está a disposición del conseller y del president de la Generalitat.