Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la realidad es que los abogados de una organización no gubernamental solicitaron el pasado 8 de septiembre la paralización de manera cautelar de la expulsión del afectado cuando el avión que lo trasladó de Gran Canaria a su país -y no a Marruecos- llevaba ya diez minutos en el aire.
En este sentido, el aparato realizó escala en Marruecos para que desembarcaran aquellos migrantes irregulares naturales del país alauita que también fueron expulsados de España. Con todo, el vuelo prosiguió hasta Costa de Marfil, donde desembarcó el expulsado en cuestión.
Por este motivo, la autoridad judicial acordó suspender la medida cautelar, puesto que la misma ya se había llevado a cabo.
Al respecto, el juzgado ha entendido que la ONG tendría que haber solicitado la paralización cautelar de la expulsión antes de que la Policía Nacional la hubiera llevado a cabo.
Además, ha hecho especial hincapié en que si así hubiera sido, la hubiera tomado en consideración "sin ninguna duda" y que los funcionarios policiales habrían acatado la resolución judicial y suspendido la actuación "como lo han hecho siempre".
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