Jorge Ignacio, con antecedentes por tráfico de drogas, está siendo juzgado desde hace cuatro semanas en la Audiencia Provincial de Valencia ante un jurado popular por los presuntos crímenes y desde que se entregó a la Guardia Civil, en diciembre de 2019, siempre ha mantenido que la muerte de Marta Calvo fue un accidente y ha negado el resto de sucesos.
El acusado, de nacionalidad colombiana, se enfrenta, tal y como reclama Fiscalía, a 130 años de cárcel por 11 delitos de abuso sexual -tres de ellos como medio necesario para un delito de homicidio y siete para un delito de lesiones-; y un delito contra la salud pública. Por su parte, los padres de Marta Calvo, quienes ejercen en el procedimiento como acusación particular, piden para el acusado la prisión permanente revisable. Las otras víctimas personadas en la causa también reclaman esta pena. La defensa solicita la absolución.
Jorge Ignacio, quien ha manifestado durante el juicio su deseo de responder únicamente a su abogada, al jurado y a la presidenta del tribunal, ha negado haber sufrido algún incidente con alguna chica, haber violado a una mujer o haberle coaccionado su libertad. Lo que sí ha reconocido es haber contratado servicios sexuales de prostitutas y haber celebrado 'fiestas blancas' "consentidas". "Lo demás son manifestaciones malintencionadas", ha dicho.
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