Mazón espera que el TC "ponga orden" ante la "imposición" de la Generalitat con el Fondo de Cooperación

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha valorado satisfactoriamente este miércoles la admisión a trámite, por parte del Tribunal Constitucional, del recurso de inconstitucionalidad presentado por la institución provincial contra la Ley Reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat Valenciana y espera que el TC "ponga orden" ante la "imposición" del Consell con este asunto.

Así, ha asegurado que "si hay diálogo con el Consell estaremos de acuerdo, pero si sigue con esta manera de imponer las cosas no vamos a avanzar", según informa la institución provincial en un comunicado.

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la pasada semana los recursos presentados por los grupos del PP y Vox en el Congreso contra la ley valenciana que regula el Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores según acordó en el pleno de este pasado miércoles.

A finales de enero, el Grupo Popular lo presentó basándose en que la ley autonómica 5/2021 "obliga a la Diputación de Alicante (PP-Cs)" a participar en el fondo a partes iguales con la Generalitat (PSPV-Compromís-UP) y "atenta contra la autonomía financiera de las diputaciones provinciales".

También se sustenta en que según los criterios de reparto establecidos en dicho plan, penaliza a los municipios con menor población, prioritarios para la acción presupuestaria y de gobierno de la institución provincial.

Mazón ha lamentado que la Generalitat "ha preferido no ir al diálogo, al acuerdo y a la colaboración, sino que ha decidido, desde un despacho en la ciudad de València, imponer su modelo a todo el territorio", al tiempo que ha insistido en que la Diputación y la provincia de Alicante "tienen su propia manera de hacer las cosas".

"Esperamos que el Tribunal Constitucional ponga orden en este asunto", ha zanjado el presidente de la institución, quien ha destacado que este es el primer paso para hacer valer la autonomía local y provincial, "frente a la exigencia de la Generalitat".

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