Además, solicita dos años de suspensión para cargo público y nueve meses de prisión, según han informado fuentes del ministerio público a Europa Press. En su escrito al Juzgado de Instrucción número 2 de La Vila Joiosa, el fiscal sostiene que el alcalde 'popular' se saltó los protocolos de vacunación y se aprovechó de su cargo para recibir la dosis.

En este mes de diciembre la jueza ya desestimó el recurso de la defensa de Cano y confirmó el auto por el que se le abrió procedimiento abreviado en relación a su vacunación. La instructora mantiene que hay "indicios suficientes" para considerar que a Cano le fue ofertado el suministro de la vacuna por "la condición de autoridad que ejercía en esos momentos" y que pudo acceder al centro de mayores por ser alcalde pese a no estar convocado de manera oficial.

Asimismo, insiste en que es "innegable" que, por su condición pública, accedió al centro cuando se encontraba prohibido el acceso para el resto de personas y que, por todas las diligencias de instrucción practicadas, se pueden deducir indicios que permiten sostener que dicho ofrecimiento de la vacuna "se realizó en consideración a su cargo público y no como médico".