Cuesta plantea unas ordenanzas orientadas a reducir la presión fiscal y con actualizaciones de precios públicos

El concejal de Economía en el Ayuntamiento de Oviedo, Javier Cuesta (PP) ha comunicado este viernes la aprobación definitiva en Junta de Gobierno de las ordenanzas fiscales de 2022, que incluye reducciones de la presión fiscal para empresas, autónomos y familias numerosas, así como la actualización de precios públicos en base al IPC. Las ordenanzas se debatirán la próxima semana en un pleno extraordinario que tendrá lugar el miércoles 22 de diciembre.
Cuesta plantea unas ordenanzas orientadas a reducir la presión fiscal y con actualizaciones de precios públicos
Cuesta plantea unas ordenanzas orientadas a reducir la presión fiscal y con actualizaciones de precios públicos
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Cuesta plantea unas ordenanzas orientadas a reducir la presión fiscal y con actualizaciones de precios públicos

Las ordenanzas hacen "un esfuerzo" por reducir la presión fiscal sobre autónomos y empresas, con reducciones en el Impuesto de Actividades Económicas, bonificaciones del 25% sobre la tasa de terrazas, y también del 25% sobre la tasa por ocupación de espacios públicos para vendedores ambulantes.

Además, se plantea la reducción del IBI diferenciado al 1%, y del tipo general de IBI para compensar el incremento del valor catastral. "Los ovetenses en su conjunto no van a pagar más IBI el año que viene" ha explicado.

A estas medidas se suman ventajas y bonificaciones a colectivos que "necesitan apoyo adicional", como las familias numerosas, para las que se plantean bonificaciones para las obras de adecuación de viviendas. Se incluyen además bajadas "generalizadas" de los precios en servicios públicos de deporte, escuelas municipales y cultura a fin de "facilitar que los colectivos con más necesidades puedan disfrutar de ellos también".

El único cambio respecto a la propuesta inicial es la actualización sobre el IPC del precio de tasas del cementerio y la bajada en las tarifas de enterramientos.

Por otro lado, se actualizarán los precios públicos sujetos a los incrementos del IPC por contrato en servicios concesionados, tales como el agua o el cementerio.

Cuesta ha señalado además que desde el punto de vista de la ordenanza la modificación en la recaudación de la plusvalía "no afecta".

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