Este es uno de los datos que la consejera de Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez (PSOE), ha dado a conocer este viernes en una rueda de prensa en la que ha hecho balance del impacto en Cantabria de la aplicación de la Ley de la Dependencia, que esta semana cumple su décimo quinto aniversario desde su aprobación.

Según ha explicado Álvarez, Cantabria es una de las tres únicas comunidades autónomas que está por debajo de los 180 días de plazo máximo que marca la Ley, algo por lo que ha expresado su "reconocimiento" al personal del Instituto Cántabro de Servicios Sociales y los profesionales del Servicio Cántabro de Salud.

NUEVA PRESTACIÓN PARA PLAZAS RESIDENCIALES PRIVADAS

Además, ha anunciado, en relación a la cartera de servicios, ha anunciado que a partir de enero, el ICASS comenzará a ofertar la prestación económica vinculada al servicio, "uno de los debes", puesto que hasta ahora no se había puesto en marcha en Cantabria.

Según ha explicado, se trata de una aportación económica destinada a sufragar una plaza residencial privada a aquellas personas que así lo solicitasen y estén en lista de espera.

La cuantía de la ayuda puede alcanzar hasta un máximo de 715 euros, y el importe de la misma se calcula en función del grado de dependencia y de la renta de cada persona.

La consejera considera que, aunque la cartera de servicios "aún no se ha desplegado al 100%" y hay "asignaturas pendientes", como la financiación, la Ley de Dependencia ha supuesto "una mejora de la calidad de vida para miles de personas dependientes, para sus familiares y cuidados".

"El Sistema dista de ser perfecto, y aún le resta para consolidarse al nivel de la Educación o la Sanidad, pero no por ello debemos desprestigiar ni dejar de reconocer el gran logro social que ha supuesto", ha sostenido.

Según ha dicho la consejera, que ha estado acompañada por la directora del ICASS, María Antonia Mora, y por el director general de Políticas Sociales, Julio Soto, en estos 15 años, "prácticamente, 50.000 cántabros y cántabras se han visto beneficiados del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)".

GRUPO DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES

Además de hacer un repaso de la evolución del sistema y de la situación actual, la responsable de Políticas Sociales ha señalado alguno de los objetivos de la Consejería, entre los que ha destacado la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadores a través de un incremento de las ratios, algo para la consejera "irrenunciable en lo profesional y en lo personal" que redundará además en una mejora de la atención.

Para ello, según ha informado, el Gobierno ha creado un grupo de trabajo que está coordinado por la Dirección General de Políticas Sociales y que cuenta con representación de la parte empresarial y de los representantes de los trabajadores.

"El objetivo es acordar un marco de mejora de ratios, con una proyección a varios años, que nos gustaría comenzar a implementar en 2022", ha explicado.

Vinculada a la mejora de la calidad del servicio, ha recordado que 23,6 millones de euros del Plan de Recuperación irán destinados a proyectos relacionados con el nuevo modelo de cuidados, lo que permitirá dar "un acelerón" a la implantación de la nueva normativa de acreditación y funcionamiento de centros que se aprobó en abril, "consensuada con el sector", y que avanza hacia una atención personalizada.

"Ciertamente, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha supuesto un nuevo impulso para el Sistema de la Dependencia", ha valorado la consejera tras recordar que solo el Plan de Choque del Gobierno central supone un incremento de la financiación de 1.800 millones en tres años (2021 a 2023).

Además de la mejora de las ratios, el impulso al nuevo modelo y el despliegue de la Prestación Económica Vinculada al Servicio, dentro de las mejoras de los servicios, ha hecho alusión al SACEF, un servicio con sede en Isla Pedrosa dirigido a prestar apoyo y asesoramiento a los cuidadores y cuidadoras de las personas en situación de dependencia perceptoras de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.

Hasta el 31 de octubre, los técnicos y profesionales del SACEF han realizado 2.704 visitas.

CANTABRIA, POR DEBAJO DE LA MEDIA EN AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA

En cuanto a la situación actual, a 1 de diciembre, 17.238 personas se benefician de algún servicio o prestación del SAAD; 3.618 son resoluciones realizadas por renuncia (desistimiento, suspensión, finalización...) y 752 personas -el 3%- están pendientes de resolución de PIA.

Además de los plazos de resolución, ha señalado que Cantabria es la mejor comunidad de España, junto a Cataluña, con mayor proporción de personas dependientes con plaza concertada en residencia, 1 de cada 5 dependientes, "casi el doble que la media nacional".

A este respecto, la consejera ha resaltado que es "el servicio más costoso para la Administración en todos los sentidos".

Por el contrario, las estadísticas oficiales colocan a Cantabria por debajo de la media en ayuda a domicilio y teleasistencia, si bien la consejera ha precisado que el IMSERSO no computa los "más 8 millones de euros" que transfiere el ICASS a los ayuntamientos y mancomunidades para prestar estos servicios.

"Es un caballo de batalla -respecto a las estadísticas- desde hace muchos años", ha apostillado.

De la evolución anual de los datos de prestaciones y beneficiarios, Álvarez ha distinguido entre tres etapas: el nacimiento y despegue del sistema, con un crecimiento "vertiginoso"; una "caída drástica" entre 2011 y 2015, durante el Gobierno del PP en Madrid y en Cantabria, como consecuencia, fundamentalmente, del Real Decreto Ley 20/2012, el cual, según ha dicho, "produjo un verdadero retroceso del Sistema y quebró la igualdad de oportunidades", y una nueva etapa de "recuperación" a partir de 2015 y de forma más acentuada a partir de 2019, año en el que se recuperaron los niveles previos a los recortes.

En su primer año de desarrollo del Sistema, en 2007, el ICASS atendía a 1.255 personas dependientes, mientras que en la actualidad son "más de 17.000", de modo que "el número de beneficiarios ha crecido un 1.270%". Ello también ha conllevado, según ha señalado, un esfuerzo presupuestario, pasando de 72 a 148 millones en este periodo.

Además del beneficio social y otros retornos económicos, la consejera ha puesto en valor que se trata de un sector que genera empleo, de hecho, la afiliación a la Seguridad Social "casi se ha duplicado", dando trabajo a día de hoy "a más de 6.000 personas" en los servicios sociales.