El proyecto presupuestario llegará a pleno con al menos media docena de cambios, entre los que se encuentran las cuatro enmiendas del grupo mayoritario, dos acuerdos (transacciones) con sendas enmiendas del PSdeG, y la incorporación de una enmienda del BNG.

Concretamente, a través de la propuesta de los nacionalistas, la Consellería de Facenda deberá comunicar en el plazo de diez días (frente al inicial de 30 días que incluía el proyecto legislativo que llegó al Pazo do Hórreo) las adaptaciones técnicas de los presupuestos que procedan como consecuencia de las reorganizaciones administrativas, de la puesta en marcha de organismos autónomos y agencias públicas autonómicas o fruto del traspaso de competencias en las que estén implicadas otras administraciones.

Al margen de estas enmiendas al articulado de la ley incorporadas, el resto de las secciones que se han debatido este martes no incorporaron cambios, de forma que no prosperó ninguna de las cuestiones planteadas por la oposición, peticiones que la diputada del PPdeG, Paula Prado, ha visto como la repetición de las del presupuesto vigente.

El próximo lunes y martes seguirá el debate en comisión con el resto de las secciones de gasto, hasta la votación final del dictamen, antes de llegar a pleno específico del 21 de diciembre, fecha en la que está prevista la aprobación de las cuentas para 2022.

En la comisión de este martes, también fue aprobada, con la abstención de la oposición, la enmienda por la que se crea un mecanismo de garantía para que las inversiones públicas que tienen carácter plurianual no se pierdan en el caso de que no estén ejecutadas -del fondo de contingencia-.

VEHÍCULOS

Del mismo modo fue aprobada la enmienda referida al incremento del importe total del presupuesto necesario para la adquisición de los vehículos eléctricos por parte de la Xunta, que suma 156.000 euros más. Esta partida se detrae de inversiones de la secretaría xeral técnica de la consellería. También fueron aprobadas dos enmiendas técnicas en la Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía.

La comisión, por unanimidad, aprobó dos acuerdos que partieron de sendas enmiendas de los socialistas. La primera de ellas, para incluir la coletilla de "respetar los derechos laborales del personal afectado", con respecto la potestad de modificar los cuadros de personal por parte del Sergas.

La otra modificación se produjo en la disposición adicional séptima, para que en el caso de enajenación de terrenos destinados a la creación de suelo industrial y residencial, así como las parcelas o polígonos empresariales o residenciales terminados que se realicen a favor de las sociedades públicas con participación mayoritaria por parte del IGVS, se pueda efectuar con pago aplazado no superior a 15 años y sin repercusión de intereses. "Para que no sea objeto de la especulación", ha señalado la diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo en el debate.

La parlamentaria nacionalista Noa Presas defendió que sus enmiendas "representaban esa oposición" y la reclamación de "un modelo diferente, con una intervención económica y blindar los servicios sociales", mientras que la parlamentaria socialista pedía una mirada "de futuro" aprovechando los fondos europeos y procedentes del Estado.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, destacó la creación de la línea de ayudas para la adquisición de la vivienda y el mecanismo de garantía de ejecución presupuestaria. En cuanto al primero, subrayó que un joven solo tiene que aportar un 5 por ciento de ahorro para la compra una vivienda.