En un comunicado, han indicado que han tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de que este pasado miércoles el Ayuntamiento "daba por notificada a la misma la orden de desalojo del inmueble y comenzaba a contar el plazo de 15 días concedidos legalmente para su desalojo voluntario".

Han señalado que la Casa Invisible, entidad sin personalidad jurídica, a través de su portavoz, Eduardo Serrano, "es parte en todos los expedientes administrativos incoados en relación al inmueble municipal que es su sede, por lo que el Ayuntamiento siempre ha dirigido a la misma todas las notificaciones que afectan al edificio, así como a la Fundación de Los Comunes, entidad jurídica constituida en cumplimiento del Protocolo de Intenciones de 2011 para hacer efectiva la formalización de la adjudicación del edificio".

Al respecto, han apuntado que "tal es así, que como consecuencia de la denegación de la adjudicación del edificio y orden de desalojo acordada en 2018, esa notificación se dirigió por el Consistorio tanto La Casa Invisible como a La Fundación de Los Comunes, por lo que ambas entidades interpusieron sendos recursos contenciosos-administrativos cuya vista está prevista para el próximo día 16 de diciembre ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga".

"Desconocemos, a excepción de lo publicado en prensa, cual es la fórmula jurídica utilizada por el Ayuntamiento para ordenar un desalojo inminente usurpando la posibilidad de decisión judicial sobre el mismo, erigiéndose en juez y parte, no obstante la inmediatez en la celebración de la vista de la que es parte, junto con La Casa Invisible y La Fundación de Los Comunes", han manifestado.

Al respecto, se han preguntado ""qué teme el Consistorio? ¿Es que no confía en sus posibilidades en el proceso judicial y quiere asegurarse la ejecución de un desalojo ante una futura sentencia que se lo pudiera impedir?", asegurando que el Ayuntamiento "miente deliberadamente en relación con los motivos técnicos en los que justifica públicamente el desalojo para ocultar que se trata de una decisión política".

"El edificio no sólo es seguro y no presenta riesgo alguno que justifique una medida cautelar de cierre, sino que el único proyecto de rehabilitación que existe a día de hoy es el que presentó la Invisible en 2016, por petición del propio Ayuntamiento, y cuya ejecución lleva demandando desde entonces", han reiterado, lamentando que "no hace públicos los informes técnicos en los que se basa" y que a pesar de "las numerosas vías de comunicación de las que dispone para hacer llegar de manera fehaciente a La Casa Invisible la orden de desalojo acordada, se limitan a comunicar que la notificación ya ha sido efectiva ocultando a quién y cómo".