Así lo ha avanzado este martes en comisión parlamentaria el fiscal superior, Luis del Río, con motivo de la presentación de la memoria de actividad corespondiente a 2020, subrayando que muchos controlan el móvil de sus parejas o se llegan a "justificar los celos" como prueba de amor.

Asimismo, ha dicho que se reducen los delitos contra la libertad sexual y se rompe la tendencia ascendente que había desde 2015, con un descenso "considerable" en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto a la violencia de género, ha señalado que el confinamiento fue una "preocupación añadida" porque aunque bajaron los asesinatos de 8 a 3 "la situación no es tolerable" y requiere que todas las instituciones se impliquen "al máximo".

Del Río ha advertido de un "problema cultural" que ha vinculado a la educación, los padres y la televisión.

Además, ha reconocido que hay "masificación" en la atención a migrantes en las islas ante el "dramático" incremento de las llegadas y ve "especialmente grave" el caso de los menores no acompañados.

No obstante, ha valorado la rapidez para crear recursos alojativos pero siempre son "insuficientes".

Del Río ha relatado también que la pandemia provocó una "disminución notable" en los procedimientos penales, por ejemplo en diligencias previas, que cayeron un 14%, los procedimientos abreviados o los sumarios, también los delitos leves, aunque todavía hay más de 22.000.

Ha advertido también de altas cifras de siniestralidad laboral porque superan los 15.000 aunque hayan bajado por el descenso de la actividad económica por la pandemia.

En cuanto a la falta de medios ha comentado que es generalizada, pero especialmente en Santa Cruz de Tenerife, San Bartolomé de Tirajana y área en Gran Canaria, y con deficiencias en los edificios de Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario (Fuerteventura). "No sé por donde empezar", ha ironizado.

ABANDONO DE MAYORES EN LOS HOSPITALES

Del Río ha incidido también en el abandono de mayores y discapacitados en los hospitales del archipiélago, algo que puede ser delito en determinados casos muy graves pero tildó de "cruel" que se responsabilice a las familias porque algunas no tienen espacio para acogerlos ni disponibilidad laboral ni económica.

"Aquí tendrá que entrar la administración si queremos estado del bienestar para que no queden abandonadas en un hospital tras ser dadas de alta y que sean atendidas en un centro asistencial", ha señalado.

Acerca de los delitos relacionados con menores, cada vez más agresivos, ha indicado que el consumo de drogas y estupefacientes "puede ser la causa de muchos casos", unido a la pertenencia a familias desestructuradas y un sistema que "no acaba de suplir" las carencia familiares.

Con todo, Del Río se ha mostrado "satisfecho" del trabajo realizado por la Fiscalía durante la pandemia porque hubo "momentos duros" que se sacaron adelante yendo todos de la mano, incluida la administración, que logró sacar adelante el trabajo en remoto y la oficina de asistencia a víctimas de delito de forma virtual.

ASG: ELEVADA CARGA DE TRABAJO Y PLANTILLA AJUSTADA

Ricardo Fernández (Cs) ha comentado que el informe "es muy amplio y muy concreto" y da una "imagen fiel" de lo que ha sucedido en Canarias en 2020, subrayando que hace falta más personal dado que las plantillas siguen estables.

Ha destacado la mejoría del programa Atlante II para poder trabajar en remoto y advertido de que hay seguir "vigilante" con la violencia de género y las agresiones sexuales.

Melodie Mendoza (ASG) ha reconocido los "inconvenientes" de la Fiscalía para poder trabajar durante la pandemia, "con una elevada carga de trabajo" derivada de la crisis migratoria y sin ampliar la plantilla de trabajadores.

Ha apuntado que los fiscales son los encargados de realizar las inspecciones en centros de menores y no han podido hacerlas con normalidad y ha resaltado el aumento delitos en medio ambiente y urbanismo.

Mendoza ha pedido también cambios para afrontar los delitos contra la libertad sexual. "Leer los datos es descorazonador", ha agregado.

Francisco Déniz (Sí Podemos) ha comentado que el abuso sexual a las mujeres "es una lacra" derivada de la "mercantilización" de su cuerpo, con cifras "que nunca bajan" y una solución compleja, "de raíz cultural".

Ha tildado de "dramático" el abandono de personas mayores y discapacitadas en centros hospitalarios de las islas, subrayando que está "colapsando" los servicios cuando es competencia de las familias.

Déniz también ha dicho que es "preocupante" el aumento de los delitos con menores y cada vez con "más agresividad", defendió la "tranquilidad" que da en el sistema judicial la sentencia del juez Alba y cree que se va "en el camino correcto" en la atención a los menores migrantes.

Luis Campos, portavoz de NC, ha advertido de las "deficiencias" en algunas sedes de la Fiscalía y valorado el despliegue del sistema 'Atlante II' para trabajar a distancia, al tiempo que se pregunta si la caída de diligencias se debe solo a la pandemia o a un mayor civimos o más presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad.

Ha lamentado la "violencia extrema" en delitos de menores y vinculados al consumo de sustancias tóxicas y se pregunta si se deben al confinamiento o el mal uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías.

ROBOS CADA VEZ MÁS AGRESIVOS

Luz Reverón, del Grupo Popular, ha dicho que la memoria es una herramienta "rigurosa" para analizar la realidad de las islas e incidió en los altos datos de violencia de género, especialmente en la provincia de Las Palmas.

Ha recordado como el caso de Anna y Olivia "conmocionó" a la sociedad por lo que ha pedido todos los medios posibles para proteger a las mujeres víctimas de violencia vicaria, e incidió también en el incremento de robos con violencia, especialmente con menores, cada vez más agresivos.

Además, ha reclamado un aumento del personal -es el mismo que en 2011- ante el incremento "desproporcionado" de la carga de trabajo.

Jonathan de Felipe, del Grupo Nacionalista, se ha mostrado a favor de dotar de más medios técnicos y de personal a la Fiscalía para realizar su labor y aunque alabó la bajada de diligencias, ha mostrado su preocupación por el aumento de los casos de violencia de género y de libertad sexual, entre ellos el acoso sexual a menores a través de internet.

En esa línea, ha pedido trabajar en prevención con los menores desde todas las administraciones y el ámbito familiar y en cuanto a la migración, ha dicho que hay un problema estructural para hacer frente al "colapso" actual porque "hay una trata de personas".

Matilde Fleitas (PSOE) ha comentado que la justicia ha estado afectada por la pandemia en 2020 "y no ha parado", destacando el compromiso del Gobierno por mantener los refuerzos y la puesta en marcha de nuevas salas y equipamientos para atender a menores.

En violencia de género, ha indicado que hay que abordarla con una "actitud decidida", lo mismo que la siniestralidad laboral, con cifras altas, al tiempo que se ha comprometido a trabajar para lograr más medios en extranjería.