Según ha indicado en una nota, el objetivo de esta medida es "garantizar el equilibrio entre ambos usos y propiciar un turismo sostenible en el tiempo que garantice la convivencia efectiva y que el empleo que genere sea estable y de calidad". La medida ha salido adelante con el voto favorable de Adelante Cádiz y PSOE, la abstención de Ciudadanos (Cs) y el voto en contra del Grupo Popular y del edil no adscrito, Domingo Villero.

El concejal de Urbanismo, Martín Vila, ha sido el encargado de defender la propuesta, sustentada en "razones imperiosas de interés general como la protección del entorno urbano" y en el "objetivo de política social vinculado al derecho a la vivienda".

Durante su intervención, ha dejado claro que "no se prohíbe el turismo en ningún momento", pero sí que se regula "aplicando el sentido común" para que su crecimiento "no suponga una amenaza al derecho a la vivienda y al derecho de los gaditanos a vivir en su propia ciudad".

Se trata, según ha apuntado, de que "Cádiz sea la ciudad de su gente y para su gente" y de "defender el derecho de las personas frente a la especulación", así como "propiciar un turismo sostenible y sostenido" vinculado a la generación de empleo que no sea precario.

El equipo de gobierno ha recordado que en su programa electoral ya recogía el compromiso de regular las viviendas y los apartamentos turísticos "para que no expulsaran a más vecinos de los barrios y frenar, en la medida de lo posible, los alquileres abusivos, para poner los cimientos de un turismo de convivencia".

Tras apuntar que ha habido que esperar un año y cuatro meses desde que lo presentaran por primera vez, ha agradecido al PSOE su cambio de postura y que ahora apoye esta iniciativa para "blindar el derecho a ciudad de sus vecinos y vecinas".

La propuesta aprobada supone también, de acuerdo a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la suspensión en toda la ciudad por el plazo máximo de un año del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas que supongan la modificación del régimen urbanístico vigente y que sean relativas a la transformación y compatibilidad del uso hospedaje en suelo residencial. El expediente se someterá a participación, consulta, información y audiencia pública previas por periodo de un mes.