Dichos informes jurídicos tiene fecha de entre el 18 y 20 de noviembre de 2020, un mes y medio después de presentarlas el PSOE sus iniciativas; y los económicos son de febrero de 2021. En todos ellos se dice que las propuestas normativas socialistas "no alteraban la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento".

En rueda de prensa, Cihuelo ha criticado esta forma de proceder del Gobierno PP-Cs "al impedir de forma continua y deliberada que las voz de los ciudadanos y sus propuestas sean debatidas en el Ayuntamiento a través de los legítimos representantes de los zaragozanos" que son los grupos municipales.

A su parecer es un "tema serio y de calado" porque la materia en la que se han visto "conculcados" los derechos de los ciudadanos es de "gran sensibilidad e impacto" en la vida diaria como son las ordenanzas fiscales, que junto a los presupuestos es la herramienta con la que se realizan las políticas de los gobiernos.

Cihuelo se ha preguntado "qué sentido tiene" celebrar una comisión extraordinaria de Hacienda, que se ha convocado para este miércoles, para tratar 14 meses después las proposiciones normativas que el PSOE presentó en octubre de 2020.

Ha atribuido esta convocatoria a la condición expresada por VOX de no debatir el presupuesto de 2022 si antes no se debatían las proposiciones normativas a las ordenanzas fiscales que también presentó VOX. Cihuelo ha subrayado que el Gobierno municipal "cede al chantaje de VOX" porque han tenido los informes desde noviembre de 2020.

Durante todo este tiempo se han podido debatir las proposiciones normativas presentadas en el contexto de que los efectos de la COVID-19 eran de "mucho impacto" y pretendían minimizar los efectos y en todos sectores, ha comentado la concejal socialista. "Siempre que el PSOE ha pedido el debate el Gobierno ha contestado que faltaban los informes jurídicos, técnicos y económicos del Ayuntamiento".

La concejal socialista ha abundado en que si no puede ejercer la labor de representación de la ciudadanía "se perjudica a los ciudadanos" y esa es la "mayor gravedad de la deriva maquiavélica de este debate y por eso el PSOE elevará una queja al Justicia".

La finalidad, ha dicho, es solicitar "amparo" y que el Justiciazgo emita un dictamen sobre estas prácticas del Gobierno municipal que "solo demuestran que acallando nuestra voz ponen de manifiesto su forma de gobernar basada en la arrogancia y el desdén de lo que no son sus propuestas, una altivez y soberbia que quieren enmascarar con cemento en las plazas y bombillas de luces muy bonitas, pero no lograrán amordazar la voz de la ciudadanía"

Ha abundado más al indicar que "es una burla" no a los derechos de la oposición, sino que se vulnera, como dice la Constitución, los derechos de los ciudadanos. "No queda más remedio que acudir al Justicia de Aragón para defender los derechos de los ciudadanos".

INFORMES

Ros Cihuelo ha explicado que los informes a los que han tenido acceso al convocarse la comisión extraordinaria establecen que las propuestas normativas del PSOE "son técnicamente impecables y económicamente no afectan a la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento".

Ha observado que "no hay motivo técnico, ni económico, ni jurídico que haya impedido el debate de las proposiciones normativas, sino que solo es una decisión deliberada y sostenida, que únicamente se ha visto revertida cuando VOX chantajea al condicionarlo al debate de presupuestos".

Asimismo, ha justificado esta decisión al argumentar que los ciudadanos "tienen que conocer que su voz está amordazada y acallada y por eso se acude al amparo del Justicia de Aragón".

PROPOSICIONES DEL PSOE

La proposiciones normativa presentadas por el PSOE en octubre de 2020 a las ordenanzas fiscales de 2021 recogían modificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para bajar el tipo general al mínimo legal, hasta el 0,4, y por otro lado aumentar los tipos diferenciados del IBI a inmuebles que tienen un volumen de negocio neto superior al millón de euros.

Otra proponía nivelar aspectos relacionados con la renta sobre las bonificaciones a las familias numerosas para incluir la concurrencia competitiva y que pudieran optar otras familias vulnerables como las monoparentales.

El PSOE había presentado una proposición normativa sobre el impuesto de plusvalía que se tenía que corregir sobre unos parámetros mas ajustados en la transmisión del inmueble. La finalidad era equilibrar los ingresos que se reciben tendiendo en cuenta que el sujeto pasivo tiene que ser alguien que ha visto aumentado el patrimonio con determinado porcentajes y así responder al deber de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos.

Otra proponía fomentar la instalación de placas fotovoltaicas en la hostelería para ayudar al compromiso de la lucha contra el cambio climático.

Ha estimado que las referentes a la plusvalía decaerán tras la sentencia del Tribunal Constitucional y las de las tasas en el contexto COVID-19 y otras sobre el IBI "siguen tenido validez", pero ha reconocido que ya están aprobadas las ordenanzas fiscales de 2022.

Ros Cihuelo ha avanzado que en la comisión extraordinaria el PSOE pedirá una intervención inicial sobre este "lamentable recorrido" de las proposiciones normativas. Así expondrá su queja de que la relación con el Gobierno de la ciudad "no es de horizontalidad y de respeto no ya para los concejales sino para toda la ciudadanía".

Ha concluido al recodar que el Justicia de Aragón está para defender a los ciudadanos de las "malas praxis" de las instituciones que puedan vulnerar sus derechos. "A su entender, este es un "ejemplo de cajón", y ha subrayado que el PSOE está legitimado para presentar esa queja que, luego, el Justiciazgo valorará.