"Si hay una comunidad autónoma en España en la que el peso de la energía eléctrica es clave para el sostenimiento de la economía, esa es Asturias", ha agregado Mariscal durante una visita junto a la presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, a varias empresas de Avilés, y en la que también han participado otros cargos regionales y nacionales del PP.

El diputado ha advertido que con el actual precio de la energía eléctrica "se está poniendo en riesgo no solo la continuidad de estas empresas, sino también un empleo de calidad, con poca temporalidad, con trabajadores con alta cualificación y que permite incentivar la innovación y, por tanto, el futuro de esta tierra".

Mariscal ha explicado que con las citadas enmiendas, lo que persigue el PP es "extraer todo lo que no tiene que ver con la energía eléctrica de la factura y que sea el Gobierno el que asuma estos costes, liberando a las empresas y familias de estos sobrecostes". En este sentido, ha pedido al Gobierno del Principado presione a las ministras Maroto y Ribera para que asuman este compromiso.

En concreto, Mariscal propone que de los 3.000 millones de euros que se recaudan por las subastas de los derechos de emisión, "al menos 600 millones se destinen a las industrias electrointensivas para reducir ese sobrecoste que les hace menos competitivas, y los 2.400 millones de euros restantes se dediquen a abaratar la factura de la luz de las familias".

Por otra parte, ha señalado que el PP ha presentado una enmienda en la que solicita la creación de la figura del consumidor hiperintensivo porque el Estatuto aprobado por el Gobierno socialista no ayuda a empresas electrointensivas como Alcoa, Arcelor o Asturiana de Zinc, "con un régimen específico y una dotación presupuestaria aparte".

Para Mariscal, el Gobierno español "guiado por un exceso de ideología", desoye a Europa y apuesta por una transición ecológica "injusta" al no dejar a las empresas tiempo para adaptarse.

Por otro lado, Mallada ha denunciado la "política de descarbonización exprés sin alternativas y más allá de las exigencias contempladas por la UE para España", que según ha indicado ha hecho que los costes por emisiones se hayan incrementado en cuatro años un 700%.

Mallada ha recriminado al Gobierno presidido por Adrián Barbón su "incapacidad" para hacer ver al Ejecutivo central los riesgos que estas "nefastas políticas" tienen para la economía asturiana.