Fernández ha destacado que "los CPA son un recurso esencial para el bienestar físico, psíquico, emocional y social de las personas mayores, particularmente en la situación actual". Estos centros, como todos los relacionados con este colectivo, han sido objeto de restricciones especiales con la finalidad de controlar la expansión de la pandemia entre el colectivo que más la ha sufrido.

Además, ha subrayado que, actualmente, "gracias a los porcentajes crecientes de inmunización entre las personas mayores de 60 años se pueden modular las limitaciones y acercar la actividad de estos centros a los niveles previos a la pandemia".

Fernández ha mantenido un encuentro con el alcalde, Francisco Javier Santos, y la concejala del Mayor, Vanesa Sedeño, para intentar establecer líneas de colaboración entre el Ayuntamiento de la localidad y la Delegación en un marco de colaboración institucional.

La delegada territorial en Málaga ha remarcado en este sentido que "la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha venido informando de forma paulatina a los centros de participación activa de las medidas preventivas que debían tomar para retomar las actividades y para que los socios y socias, y usuarios pudieran volver a estos recursos con las máximas garantías de seguridad".

Por otra parte, ha añadido, "como medidas generales, los CPA deben cumplir una serie de medidas preventivas generales y de aforo relacionadas con la protección de la población para evitar la propagación del COVID-19, la distancia de seguridad interpersonal y el uso de mascarilla, otras medidas generales de higiene y prevención con especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes y la correcta ventilación de los locales".

De igual modo, ha recordado que "en este CPA, como en los del resto de municipios andaluces en nivel 0 de alerta", se pueden realizar todas las actividades, pero debiendo siempre asegurar el mantenimiento de la distancia de seguridad.

PROYECTO PILOTO LISTA CERO EN DEPENDENCIA

Fernández Trinidad ha hecho estas declaraciones en Coín, uno de los veinte municipios andaluces en los que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha puesto en marcha un proyecto piloto del nuevo modelo de procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía.

Esta propuesta, que en el caso de Málaga se llevará a cabo, además, en Nerja, Fuengirola, Rincón de la Victoria y Benalmádena, se prolongará hasta marzo de 2022 y tiene como objetivo reducir a cero la lista de espera en dependencia existente en estos municipios al agilizar el procedimiento de tramitación de la dependencia, tanto la valoración como la propuesta de acceso a las prestaciones, acortando los plazos y tiempos de respuesta a la ciudadanía.

En este punto, la delegada territorial ha remarcado que, con esta iniciativa, "el Gobierno andaluz da un paso más hacia uno de sus objetivos prioritarios en materia de dependencia, la reducción de forma sustancial de las listas de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes para garantizar una atención adecuada de las personas dependientes".

"Ahora, nuestro objetivo con esta iniciativa es garantizar la máxima agilidad y eficacia en los procedimientos de valoración de la dependencia y de elaboración del PIA".

Así, Fernández ha explicado que la complejidad del actual procedimiento administrativo diseñado para la atención a la dependencia, en el que se suceden distintas fases para la valoración del grado de dependencia y el establecimiento de la modalidad de intervención más acorde a las necesidades detectadas, "supone una ralentización en la respuesta a las personas en situación de dependencia".

En cambio, ha continuado, el nuevo proyecto puesto en marcha plantea que desde los Servicios Territoriales de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía se realice la gestión de una única cita, para valorar la situación de dependencia y realizar a su vez la propuesta de Programa Individual de Atención (PIA).

De esta forma, ha destacado la delegada en Málaga, "en una única visita, el personal perteneciente a la rama de Trabajo Social elaborará el informe social y del entorno, aplicará el baremo de valoración de la dependencia, y realizará la propuesta de PIA donde se recoge la modalidad o modalidades de intervención más adecuada para atender las necesidades de la persona en situación de dependencia".

Fernández ha enfatizado que el proyecto piloto se enmarca en el plan de choque impulsado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación desde el inicio de la legislatura para reducir las listas de espera de personas beneficiarias de la dependencia y los tiempos de tramitación de las solicitudes, además de mejorar los servicios y prestaciones del sistema.

Así, entre las medidas propuestas se encuentran la simplificación procedimental y la integración de procedimientos administrativos y técnicos, así como la puesta en marcha de la Ventanilla Electrónica de la Dependencia.

Andalucía cerró el mes de julio con la cifra récord de 240.632 personas beneficiarias en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, lo que supone un máximo histórico en la comunidad y un incremento del 5,3% respecto a 2020.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destacado que estas cifras suponen una mejora sustancial respecto al inicio de la legislatura, ya que se ha reducido la lista de espera de personas pendientes de una propuesta de Programa Individual de Atención en casi un 30% (23.909 personas) a pesar de la pandemia, que ha supuesto un mayor esfuerzo de gestión para seguir incorporando a personas beneficiarias.

Asimismo, respecto a 2018 el número de personas beneficiarias se ha incrementado en 28.389 y el número de prestaciones ha aumentado en 51.568.

"Nunca antes en nuestra comunidad había habido tantas personas disfrutando de este derecho", ha señalado Fernández, que ha matizado que, en el caso de Málaga, la lista de personas pendientes de un Programa Individual de Atención (PIA) se ha reducido con respecto a 2018 en 4.546 personas. Desde diciembre de 2018 a 31 de julio de 2021 han aumentado las personas beneficiarias en 5.304y en 8.880 las prestaciones.

Por último, la delegada territorial ha valorado además el blindaje de las políticas sociales "con la mayor dotación presupuestaria de la historia de la comunidad para dependencia, con 1.741 millones de euros".