Santiago Morón ha expuesto que la exigencia de este documento se deja "a criterio de personal no sanitario, no cualificado" y ha observado que el pasaporte COVID-19 recoge datos sanitarios personales, considerando que se puede vulnerar el derecho a la privacidad, además de que si un cliente estima que el propietario del local se extralimita en el uso del derecho de admisión puede presentar una denuncia, de manera que el Departamento de Sanidad "elude la responsabilidad y la carga sobre terceros".

El dirigente de VOX ha recordado que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el estado de alarma, tanto el primero como el segundo y también las medidas de contención aprobadas por el Gobierno balear. "Ustedes se empeñan en tensionar la cuerda con el poder judicial", ha espetado Morón a la consejera, añadiendo que "no se puede, de ninguna manera, impedir el acceso a un determinado lugar por estar vacunado o no".

Por su parte, Repollés ha dejado claro que el Salud ha tomado en todo momento "medidas proporcionadas" y que la Comunidad Autónoma encara ahora una fase de "relativa normalidad", tras lo que ha indicado que la exigencia del pasaporte COVID-19 está regulada.

También ha dicho que esta medida es acorde con las exigencias de protección de la salud, que la entrada a los establecimientos es voluntaria y que no se trata de actividades esenciales.

COVID PERSISTENTE

En otro orden de cosas, Sira Repollés ha afirmado, en respuesta a una pregunta de la diputada del PP, Ana Marín, que "todavía no hay marcadores" de la COVID-19 persistente, una dolencia "de difícil abordaje" y que crea "incertidumbre".

Ha alertado de que "es de alta prevalencia" porque puede afectar hasta el diez por ciento de los pacientes, que suelen ser mujeres de entre 30 y 50 años. Además, no hay tratamiento farmacológico, solamente sintomático. El Salud ha puesto esta semana en marcha un protocolo para pacientes con COVID persistente.

Al respecto, Ana Marín ha indicado que la Comunidad de Madrid ya ha elaborado una estrategia propia para atender a estos pacientes, que se basa en la rehabilitación, el seguimiento clínico hospitalario y la atención a la salud mental. Más de 15.000 aragoneses padecen COVID persistente, con hasta 20 síntomas, ha expuesto.

Ha preguntado a la consejera si va a poner en marcha una unidad de rehabilitación por secuelas de la COVID-19 y le ha emplazado a llevarlo a cabo.