Los afectados por la venta de 1.860 viviendas sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), repartidas en 18 promociones, al fondo de inversión Blackstone esperan que "por fin" se haga justicia después de ocho años. Fue en 2013 cuando "una decisión" de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella truncó la vida de muchas familias y el patrimonio de la ciudad de Madrid, saliendo cada piso por un precio medio de 69.000 euros. Así lo expresan los afectados en el día del arranque el juicio que debería haberse producido el día anterior pero se tuvo que posponer a este miércoles al no presentarse una acusación particular por motivos médicos.

De este modo, la jornada mantendrá el calendario previsto para el día anterior. Se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid Fermín Oslé Uranga, exconsejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides Grases, antiguo apoderado de Fidere Vivienda, que es la sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone.

El juicio se inicia en noviembre de 2021 después de que el juez de Instrucción número 38 de Madrid archivara el caso hasta en tres ocasiones al considerar que no había "suficientes elementos" para seguir con la investigación. Sin embargo la insistencia de los afectados reabrió el caso. La Audiencia Provincial de Madrid ordenó su reapertura a instancias de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS, que en el juicio ejerce como acusación particular. 

El Supremo confirma la absolución de Ana Botella por la venta de 1.860 pisos protegidos al fondo Fidere/Blackstone

En la sesión se va a analizar "la infame operación de venta de 1.860 viviendas a un precio ridículo a un fondo americano de inversión", tal y como lo ha descrito el abogado de los afectados, Mariano Benítez de Lugo. "Hubo una tasación que valoró el precio el doble con independencia de que había otra solución", ha subrayado el letrado, quien ha apuntado a Ana Botella. La exalcaldesa fue exonerada por parte del Tribunal de Cuentas. "Creemos que tuvo bastante responsabilidad. Fue bastante chocante y contrario a derecho porque la ponente fue Margarita Mariscal, exministra de Justicia con José María Aznar. Su deber de abstención era manifiesto", ha insistido el letrado.

En todo caso, la Fiscalía de Madrid no imputa ningún delito a los dos acusados y solicita en su escrito la absolución al considerar que no han cometido ninguna infracción penal. En cambio, los afectados solicitan para los encausados ocho años y cuatro meses de cárcel por fraude, prevaricación, malversación de causales públicos y un delito del artículo 289 del Código Penal, así como ocho años de inhabilitación para ejercer como cargo público. 

Asimismo, en la esfera penal, la Fiscalía subraya en su escrito que "el procedimiento en todo momento se ajustó a las prescripciones establecidas en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y al artículo 18 del Decreto 74/09, Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid". A su juicio, ello "permitía la enajenación por sus titulares de las viviendas con protección pública para arrendamiento y arrendamiento y arrendamiento con opción a compra por promociones completas y a precio libre, previa autorización de la Consejería competente en materia de vivienda". 

Por tanto, entiende que se siguieron "en todo momento los principios establecidos en el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público, de aplicación complementaria para resolver lagunas en aquéllos contratos excluidos de la Ley entre los que se encontraban los de enajenación de inmuebles".

En cuanto a la EMVS, apunta que "a resultas de la operación, el ejercicio económico de 2013 arrojó un resultado positivo en todas sus partidas, incrementando el patrimonio neto y los fondos propios y reduciendo el pasivo, conforme a las previsiones del Plan de Viabilidad y dando cumplimiento a las obligaciones de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".