La DPH pide a la DGA una normativa que facilite a los ayuntamientos un marco legal común para proyectos de renovables

La Diputación Provincial de Huesca ha pedido al Gobierno de Aragón que se ayude a los ayuntamientos para poder ampararse en un marco legal común con el que dar respuesta a los proyectos de energías renovables que cada vez más proliferan no solo en la provincia altoaragonesa sino en todo España.
La DPH pide a la DGA una normativa que facilite a los ayuntamientos un marco legal común para proyectos de renovables
La DPH pide a la DGA una normativa que facilite a los ayuntamientos un marco legal común para proyectos de renovables
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La DPH pide a la DGA una normativa que facilite a los ayuntamientos un marco legal común para proyectos de renovables

Así se lo ha trasladado el presidente de la DPH, Miguel Gracia, a la Plataforma La Fueva no se vende, tres de cuyos miembros, Carlos Espluga, Jesús Solano y Joaquín Mur han estado reunidos en la Diputación de Huesca.

La Plataforma participó a mediados de octubre en la manifestación convocada en Madrid para mostrar el rechazo a los macroproyectos de energías renovables. Según han trasladado a Miguel Gracia, se buscan un modelo de transición energético "justo, equilibrado y que cuente siempre con la opinión de los habitantes del territorio".

Para que los ayuntamientos tengan un marco legal al que acogerse y de cara a respaldar y facilitar su acción y respuesta a los diferentes proyectos que puedan plantearse, el presidente de la institución provincial altoaragonesa es "necesario" el amparo de la normativa.

Miguel Gracia ha puesto como ejemplo a otras Comunidades autónomas, donde sí hay diferente normativa para regular los criterios y condiciones de viabilidad e idoneidad para la implantación de parques de energías renovables.

"Es fundamental el entendimiento con los habitantes de los territorios donde se quieren implantar estos proyectos; además hay lugares donde la afección es menor que en otros y donde no hay contestación social", ha manifestado Miguel Gracia.

En este sentido, además de implicar al territorio y de buscar el entendimiento, para Miguel Gracia es "importante" disponer de legislación 'ad hoc'. Ha recordado que en los últimos meses están proliferando proyectos de este tipo por todo el país y los ayuntamientos no disponen de elementos y recursos jurídicos que les amparen, así como normativa a la que recurrir.

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