En nota de prensa, la institución ha instado al Gobierno central a reconocer los servicios de carácter financiero y bancario como servicios públicos, así como a regular la obligatoriedad, a partir de las entidades bancarias, de reforzar los recursos para poder ofrecer un servicio adecuado.

Todo, con el objetivo de cubrir las necesidades de los usuarios, especialmente de los mayores, y otros colectivos afectados por la brecha digital.

Asimismo, también deberá garantizar la presencia de, al menos, una oficina o agente bancario en todos los pueblos y barrios más lejanos de los centros urbanos de Baleares.

Por otro lado, el Parlament ha pedido al Ejecutivo que regule el precio máximo de las comisiones cobradas a los usuarios como prestación de servicio público y que no se permita fijar el cobro de comisiones de mantenimiento a las personas que perciben una pensión por jubilación, incapacidad o cualquier otra tipología como único ingreso.

Con todo, han instado al Estado a obligar a las entidades bancarias a ofrecer información adecuada, legal y transparente sobre los servicios y a centrar sus esfuerzos para que éstos sean de calidad.

Por último, el Parlament ha reclamado al Govern balear que promueva la firma de convenios con los ayuntamientos para favorecer la inclusión de colectivos más vulnerables, entre ellos las personas mayores, en el uso de las nuevas tecnologías bancarias y de los cajeros o la banca electrónica.

La Comisión de este jueves ha aprobado también, por unanimidad y a propuesta del PP, la comparecencia del nuevo director de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia, Josep Lluís Riera, para que informe sobre las actuaciones y programas que piensa desarrollar durante su mandato.