En declaraciones a los medios tras esa comparecencia, que se alargó unas dos horas, el edil y portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, ha aseverado que compareció "ante la justicia" como es su "obligación", pero ha matizado que lo ha hecho en el marco de unas diligencias previas, que se siguen el juzgado de instrucción número 5 de la ciudad.

Estas diligencias tienen su origen en una denuncia penal que interpuso el sindicato CIG en relación con ese decreto, aprobado por el gobierno local en febrero de 2019. El decreto, entre otras medidas, suspendía los descansos de los bomberos e imponía de facto la realización de horas extras y jornadas maratonianas, debido a la falta de efectivos.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo lo anuló, y su sentencia fue posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Sin embargo, según denunciaron los sindicatos, el gobierno local no hizo nada por solventar la situación y, de hecho, tuvieron que solicitar la ejecución de la resolución judicial.

En ese contexto, la CIG presentó en agosto del año pasado una denuncia penal por la supuesta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de prevaricación administrativa. Como resultado, este viernes han comparecido como investigados Carlos López Font y el jefe de servicio del área de Seguridad, Antonio V.M..

"CONVENCIDO DE QUE ACTUÉ DENTRO DE LA LEGALIDAD"

"Estoy convencido de que actué dentro de la legalidad", ha afirmado el edil socialista a su salida del juzgado, y ha confirmado que la denuncia interpuesta está relacionada con ese decreto, aunque ha eludido aclarar si, tras la anulación de dicha orden, el gobierno municipal tomó alguna medida para cumplir la sentencia.

Según Carlos López Font, en su declaración en el juzgado de instrucción número 5 ha manifestado que "en todo momento" su actuación se ajustó a la ley, "y sobre todo al interés de la ciudad, de sus ciudadanos, de su integridad, tanto de sus vidas como de sus propiedades".