La comisión permanente de este organismo ha aprobado por mayoría, aunque con el voto en contra de la Confederación de Empresarios de Galicia, un posicionamiento público para realizar un llamamiento a los poderes públicos para establecer medidas en coordinación con el sector que permitan paliar esta situación y sus efectos, especialmente en colectivos vulnerables o de zonas menos pobladas y con dificultades para acceder a estos servicios.
El CES ha mostrado su preocupación por los efectos en este tipo de municipios, que achaca tanto a dicha reestructuración como a las consecuencias del "fuerte crecimiento de la digitalización", sobre todo porque esta tendencia "podría agravar la despoblación y abandono de las zonas rurales".
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