Los dos directivos de la empresa Escal UGS, adjudicataria del proyecto Castor, acusados de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales junto a la propia mercantil, han coincidido durante la primera sesión del juicio que se ha celebrado en la Audiencia de Castellón en que se hubiese podido seguir inyectando gas en el almacén subterráneo ubicado frente a la costa de Vinaròs si no se hubiese decretado la paralización de la actividad.

El expresidente Escal UGS Recaredo del Potro, que ha indicado que sus funciones eran de asesoramiento y representación ante la Administración, ha reconocido que conocía la relación que podía haber entre la inyección de gas y la sismicidad, aunque ha apuntado que otros almecenes habían experimentado seísmos y seguían funcionando "con normalidad". Así mismo, ha indicado que la zona donde se ubicó el almacén subterráneo era la de menor peligrosidad de la península.

"El problema principal de los seísmos son las presiones que se ejercen en el subsuelo, por lo que encargamos estudios sobre la presiones, el último de ellos en 2011, a pesar que que no teníamos obligación específica de hacerlo", ha dicho.

Al respecto, ha subrayado que si no existían presiones superiores a 49 bares, no había riesgo, y que los niveles de presión establecidos por el Instituto Francés del Petróleo no se superaron, ya que el almacén registró presiones de 7 u 8 bares cómo máximo.

LA SISMICIDAD NO FUE SENTIDA

Por otra parte, ha explicado que los seísmos que registró el Observatorio del Ebro se localizaban a 15 kilómetros de Castor y a 20 kilómetros los del Instituto Geográfico Nacional, "por lo que no estaba claro que estuvieran conectados con Castor". Además, ha añadido que ninguna sismicidad fue sentida por los ciudadanos mientras se estaba inyectando gas.

Por otro lado, ha apuntado que cuando el Observatorio del Ebro les recomendó reducir el caudal de inyección de gas como consecuencia de los seísmos que se estaban produciendo, ellos ya lo habían reducido a la mitad, y que desde Escal UGS se informó al Ministerio de Industria, a la Sugdelegación del Gobierno y al Ayuntamiento de Vinaròs de los seísmos que se estaban produciendo.

Así mismo, ha señalado que el Ministerio de Industria solicitó un informe sobgre el aumento de la sismicidad y la relación con la inyección de gas, aunque desde Escal UGS consideraron que estaban "lejos de cualquier riesgo". Es más, ha añadido que si no se hubiese decretado la paralización de la inyección de gas, la empresa habría continuado con la actividad.

RENUNCIA A LA CONCESIÓN

Preguntado por qué Escal UGS renunció a la concesión, ha indicado que la paralización de la actividad era "indefinida" y él supone que hubiera afectado a la viabilidad del proyecto. Finalmente, ha destacado que el conocimiento que tenían de la estructura era "exhaustivo" y que todas las pruebas de fracturación de roca fueron "positivas".

Por otra parte, el otro acusado y que en aquel momento era consejero delegado de Escal UGS, José Luis Martínez Dalmau, ha afirmado que se realizó un análisis de todos los riesgos y que era conocedor antes de que se iniciase la inyección de gas de la sismicidad que se podía producir. También ha apuntado que si no se hubiese decretado la paralización de la inyección de gas, probablemente se hubiese podido seguir con mayor monitorización.

El acusado ha indicado que el proyecto contó con auditorías "tremendamente exhaustivas" y que el yacimiento se comportó "muchísimo mejor" de lo esperado, pues la sobrepresión fue mucho más baja de la que establecían modelos conservadores.

Ha añadido que aunque existían una correlación temporal entre la inyección de gas y los seísmos, esta no era espacial, y que la desminución del caudal de inyección fue seguida de una disminución de la sismicidad.

También han declarado en la sesión de este lunes en calidad de testigos otras personas que eran consejeros delegados en el momento de los hechos, uno de los cuales ha aseverado que "las cosas se hicieron exquisitamente correctas respecto al procedimiento".

Los hechos ocurrieron en 2013 cuando, según mantiene la Fiscalía, la actividad de la mercantil generó un aumento de los terremotos en la zona que ocasionaron daños tanto en la localidad de Vinaròs como en otras. La acusación pública solicita una petición de seis años de prisión para cada uno de los dos procesados y una multa de 189.000 euros para la empresa acusada.

Por su parte, un total de 123 afectados por los terremotos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria Escal UGS, SL-participada mayoritariamante por ACS- y a dos de sus directivos un total de 1.845.000 euros por los daños morales producidos por la "ola de pánico" generalizado que se produjo a consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas, según informó el despacho de abogados BCV Lex, que representa a la asociación de afectados Aplaca.