El PP lleva al próximo pleno del Senado la parte fiscal del REB para compensar la insularidad de Baleares

El Partido Popular (PP) lleva a votación al próximo pleno del Senado la parte fiscal del Régimen Especial de Balears (REB) para compensar los sobrecostes de la insularidad en el archipiélago.
El PP lleva al próximo pleno del Senado la parte fiscal del REB para compensar la insularidad de Baleares
El PP lleva al próximo pleno del Senado la parte fiscal del REB para compensar la insularidad de Baleares
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El PP lleva al próximo pleno del Senado la parte fiscal del REB para compensar la insularidad de Baleares

Tal y como anunció el portavoz de la formación en la Cámara Alta, Javier Maroto, en su visita el pasado mes de septiembre a Palma, el Grupo Popular ha introducido en el orden del día del próximo pleno como su primera iniciativa legislativa del actual periodo, la proposición de ley con las ventajas fiscales previstas en el REB.

Según el PP, la iniciativa incluye las ventajas fiscales para beneficiar a más de 40.000 empresas y 70.000 autónomos del archipiélago, con deducciones a la inversión y un régimen especial fiscal para productores industriales y agrarios, y que tienen el objetivo de compensar los sobrecostes que afrontan las empresas de las Islas.

El PP ha apuntado que se trata del mismo texto presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por la presidenta del Govern, Francina Armengol, y aprobado como proyecto de ley en Consejo de Ministros en febrero de 2019, que, sin embargo, lleva desde entonces pendiente de tramitación.

El senador autonómico José Vicente Marí, que será el encargado de defender la iniciativa, registró en octubre de 2020 el texto como proposición de ley para agilizar su tramitación después de un año y medio de demora.

La presidenta del PP balear, Marga Prohens, ha reclamado la aprobación de las medidas fiscales del REB para su entrada en vigor el 1 de enero de 2022. De hecho, a iniciativa de los 'populares', el Parlament balear aprobó a finales de septiembre una proposición no de ley en la que se instó al Gobierno a aprobar estas medidas antes de 2022.

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