"Sin ellos hubiésemos tenido un problema gravísimo, tremendamente grave", ha asegurado Sánchez este lunes en el Pleno Parlamento, quien también ha señalado que no está "satisfecha" con las cantidades recibidas. "A mí me parecen siempre insuficientes", ha puntualizado.

En este sentido, ha aseverado que "la única fórmula justa para Cantabria es el coste efectivo del servicio" y ha abogado por "diseñar una serie de mecanismos de solidaridad que corrijan las insuficiencias" en el caso de que ese criterio "no se pueda mantener".

Así ha respondido la titular de Economía al Grupo Parlamentario Popular, que ha interpelado al Ejecutivo autonómico para que realice una valoración en relación a los fondos extraordinarios Covid.

La consejera ha destacado que Cantabria ha recibido un total de 410,6 millones con motivo de la pandemia del Covid, de los que 177 se corresponden con el fondo Covid; 55,4 de ayudas de 2021 para apoyar a pymes y autónomos; 168 que ya estaban contemplados en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 -118 se entregaron el viernes y los 50 restantes llegarán en noviembre-; y 10,2 son fondos adicionales para gastos adicionales entre los que está el fondo social extraordinario.

Asimismo, ha señalado que el criterio de reparto de los 177 millones de euros para Cantabria de los fondos extraordinarios Covid se realiza según población e incidencia sanitaria y cuenta con el "voto favorable del Grupo Popular en el Congreso" y en cuanto a los 55,4 millones para pymes y autónomos de la región, en los que el criterio de reparto son los fondos europeos, el PP "se abstuvo". "Aquí nos quejamos de que es poco y en Madrid evitamos que sea más", ha criticado.

Así ha agradecido al Gobierno de España su "apoyo" y "compromiso" con las comunidades autónomas y ha aseverado que el Ejecutivo nacional "cumple" con su palabra. "Nunca habíamos recibido tal cantidad de recursos", ha apostillado.

No obstante, ha indicado que en el Gobierno regional no están de acuerdo con los criterios que se están aplicando para el reparto de fondos en las conferencias sectoriales. "No responden a nuestra realidad territorial y por ende tampoco a nuestras necesidades de financiación", ha manifestado.

"No estamos y no estaremos de acuerdo en que los repartos de fondos de cualquier tipo consideren criterios de reparto diferentes al del coste efectivo del servicio", ha concluido la consejera, que ha apuntado que se trata de una "batalla" en la que "tenemos que remar todos en la misma dirección".

Por su parte, los 'populares' han sostenido que desde el inicio de la pandemia del Covid los fondos extraordinarios recibidos en la comunidad han sido de cuantía "inferior" a lo que habría correspondido a la región en virtud de la aplicación estricta de los criterios del Sistema de Financiación de Comunidades Autónomas, lo que ha significado un "grave perjuicio" para la región.

La diputada María José González Revuelta ha criticado que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, "se haya vuelto a conformar" y "no reclame" al presidente de España, Pedro Sánchez, esos fondos en 2022, que son "necesarios" para la comunidad en un año en el que la pandemia del Covid "va a seguir entre nosotros".

"No entendemos que el Gobierno de Cantabria esté mudo ante Pedro Sánchez", ha trasladado Revuelta, que ha valorado que desde que Revilla gobierna con el PSOE se ha convertido en un "corderito manso" que Sánchez gobierna "como le da la gana".

A juicio de la diputada 'popular', exigir un fondo Covid el próximo año es "importantísimo" para que haya recuperación económica y ha pedido un "esfuerzo" al Gobierno cántabro para que "exija" a Sánchez los fondos que Cantabria "se merece".

SUBVENCIONES AL TERCER SECTOR

También ha sido interpelada en este primer Pleno del nuevo periodo de sesiones la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez (PSOE), en este caso, por Cs que le ha cuestionado acerca de los criterios de la convocatoria de subvenciones para programas de interés general para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.

Para Cs estas bases cuentan con la oposición de la inmensa mayoría de las asociaciones que integran el sector, que, a su juicio, tienen "numerosas dificultades para poder acceder a estas ayudas, entre otras causas por no permitir la reformulación.

En su respuesta, la consejera ha afirmado que las bases de la convocatoria de este año son "esencialmente las mismas" que el año anterior, aunque con una dotación de medio millón de euros más.

Álvarez ha asegurado que "no quiere perjudicar para nada" a las entidades del tercer sector ni ponerle "trabas" y se ha mostrado abierta a dialogar con éstas sobre las bases de la convocatoria.

De hecho, ha anunciado que este martes se reunirá con representantes del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Cantabria y la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social EAPN-Cantabria que han denunciado "falta de diálogo" del Gobierno regional con los agentes sociales y han planteado la movilización del sector.

Ambas plataformas reivindican que se permita la reformulación en los proyectos sociales presentados a las convocatorias del 0,7 por ciento del IRPF y de las ESAL (entidades sin fines lucrativos).

La consejera ha defendido que eliminar la reformulación supone "simplificar" los procedimientos y ha señalado que "numéricamente" no afecta a los datos de la convocatoria.

Como prueba ha señalado que en las convocatorias de 2018 y 2019, cuando hubo reformulación, se aprobaron 149 y 159 proyectos, un número según ha señalado similar, a los 141 de 2020, cuando no la hubo. En estos años se denegaron 78, 41 y 67 proyectos, respectivamente, por no llegar a la puntuación mínima del baremo y en cuanto a los desestimientos hubo 8, 2 y 3. Además, ha revelado que en la última convocatoria, la de 2021, que se ha cerrado recientemente han concurrido 60 entidades.

TRANSPORTE ESCOLAR

Por otra parte, Vox ha interpelado a la titular de Educación y FP, Marina Lombó (PRC), por el concurso del transporte escolar y la modificación del pliego de cláusulas administrativas del concurso para este curso para "dejar fuera" al sector del taxi, algo que para lo que según este grupo "no hay ninguna justificación" para proceder de esta manera "salvo que el Gobierno ceda a las presiones ilegítimas" del sector de los autobuses.

Lombó ha defendido que dicho concurso y sus pliegos se ajusta a la legalidad y ha afirmado que "no discrimina" al sector del taxi y también ha señalado que con los criterios de adjudicación establecidos se tiene que no solo se tenga en cuenta el precio sino otros factores como la seguridad y la eficiencia del transporte.

En cuanto al precio, ha defendido que, de media, el coste diario de transportar a un alumno en taxi es de 27,49 euros, mientras que es de 4,4 el hacerlo en autobús. Por ello, ha censurado que, por un lado, Vox se queje del coste de algunas líneas de bus, que, según ha señalado, sirvieron el pasado año para transportar a alumnos con necesidades especiales o de las zonas rurales, y luego apueste por el taxi cuando es más caro.

Por otra parte, ha señalado que los recursos contra este tipo de contratos son "muy habituales" pero también ha indicado que en solo dos años se han desestimado siete recursos relacionados con el transporte escolar y todos ellos han dado la razón al Ejecutivo.