Además, señaló que "el Gobierno de Canarias ha optado por el decreto ley, pese a sus dudas legales, para no exigir a Sánchez una ley que proteja y ampare a todos los territorios".

Asimismo, criticó duramente al presidente, Ángel Víctor Torres, por "tardar 3 meses en gestar lo que al final ha resultado ser un batiburrillo de recomendaciones, por un lado, y de normas, por otro, que generan claras dudas respecto a la constitucionalidad por una posible vulneración de derechos fundamentales".

Entre ellas, la recogida en el artículo 12.5 sobre la obligatoriedad de observancia de aislamiento y cuarentena obligatoria, o la obligatoriedad de realización de pruebas diagnósticas y vacunación (artículo 14), por posible vulneración de derechos fundamentales y restricción de la libertad individual.

También destacan, a su juicio, los cribados obligatorios que contempla la norma, en especial a la denegación del consentimiento y la indefinición en la que se dejan las consecuencias de esta indefinición o el acceso a los datos clínicos, recogidos en el artículo 16, que podría suponer una vulneración del derecho de la intimidad y la protección de datos personales, o las facultades del personal de rastreo sin que se especifique el carácter o cualificación de dicho personal, entre otras.

En este contexto, el secretario general nacional de CC anunció que tanto desde el grupo parlamentario como desde la propia organización están "estudiando" el contenido del decreto ley, aunque advirtió de que "las primeras conclusiones son preocupantes y denotan que a la falta de diálogo, de consenso, no solo con todas las fuerzas políticas sino con agentes sociales y económicos y con las propias administraciones, hay falta de trabajo que hubiese dado como resultado un verdadero paraguas legal contra la Covid".

En este contexto, Fernando Clavijo acusó al Gobierno de Ángel Víctor Torres de hacer "un copia y pega" de decretos de otros territorios que "ya está tumbando la justicia".

En su opinión, "estamos ante una huida hacia adelante de un Gobierno que ni ha hecho las previsiones ni ha abordado un asunto tan importante como este desde la unidad y el consenso político de todas las fuerzas con representación en el Parlamento de Canarias".

TORRES GESTIONA "DESDE LA ARROGANCIA"

Por su parte, la portavoz de Coalición Canaria-PNC, María Fernández, insistió que el Decreto Ley genera una "gran inseguridad jurídica", y aseguró que está "plagado de inconcreciones y de recomendaciones con las que pretende aplicar un régimen sancionador", agregando que "para eso son necesarias normas taxativas, no recomendaciones ligadas a la interpretación".

El secretario general de CC prosiguió apuntando que a su formación le "hubiese gustado el diálogo y el trabajo por parte del presidente canario", pero se trata de "un Gobierno que gestiona desde la arrogancia, que no consulta, y que no deja espacio al debate y al consenso".

Así, cree que CC podría haber contribuido a la elaboración del decreto pero se enteraron del contenido "por el BOC".

Asimismo, reprochó que el Gobierno de Canarias esté "más preocupado para sacar encuestas para ver cómo están ellos demoscópicamente que por resolver los problemas de Canarias, no es la forma de hacer las cosas en los momentos excepcionales y extraordinarios que está tocando vivir en esta tierra".