El Gobierno, que atiende así a la petición del juez Del Olmo, justifica la desclasificación de estos documentos por "el carácter excepcional" de los hechos que se juzgan, según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Fernández de la Vega, que anunció este acuerdo en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, añadió que el Ejecutivo solicita al juez que adopte "el máximo grado de protección y reserva sobre los documentos remitidos, dada la naturaleza de los mismos".

Sobre los documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que serán remitidos a Del Olmo por el Ministerio del Interior, son todos los que el magistrado había solicitado en relación con los dos atentados, explicó Fernández de la Vega en la rueda de prensa posterior al gabinete.

Los documentos

Entre estos informes se encuentran los elaborados por el Ministerio del Interior y EUROPOL sobre el riesgo de atentados islamistas en España a partir de diciembre de 2003 y los realizados por la Policía sobre el terrorismo islamista.

Además se incluye la documentación elaborada tras los atentados del 11-M, como la información sobre los terroristas implicados y el informe que emitió la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias en el que dio cuenta de sus investigaciones sobre la venta de explosivos por parte de Emilio Suárez Trashorras y los correspondientes al registro de las mina "Conchita" y "Collada".

Asimismo se entregara a del Olmo los análisis acerca de la evolución del riesgo de atentados islamistas en España emitidos por la EUROPOL y también los realizados por los expertos tras diferentes atentados de esta naturaleza como el del 11-S en Nueva York o el de Casablanca en mayo de 2003.

En cuanto a los de los servicios secretos, la vicepresidenta aclaró que son "los que el CNI ha considerado que afectan a las personas que el juez relaciona con el proceso" y no vulneran las reservas que establece la ley reguladora de este organismo, es decir, que no afecten a estructuras del Estado o a otros servicios internacionales.

Entre estos destacan los que elaboró el CNI sobre la amenaza terrorista de origen islámico y las diferentes actividades del argelino Allekema Lamari, uno de los integrantes del grupo de terroristas que perpetró el 11-M.

Todos los documentos que se remitirán al juez son "literales" y "sin ningún tipo de tachaduras", dijo Fernández de la Vega.

No obstante, la vicepresidenta añadió que el Ejecutivo solicita al juez que adopte "el máximo grado de protección y reserva sobre los documentos remitidos, dada la naturaleza de los mismos".

Preguntada por el tipo de medidas que el Ejecutivo espera que adopte el juez para protegerlos, Fernández de la Vega explicó que deberá ser el juez quien determine el tipo de reserva que establece, ya que "es el único que está en condiciones de valorar que incidencia tienen en el proceso".