Concretamente, la organización agraria ha recordado en un comunicado que la última reunión de este órgano que debe velar por la prevención y control de esta fauna se celebró el 14 de julio del pasado año.

La Unió ya ha remitido un escrito a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, en la que solicita la convocatoria de una reunión de esa comisión de seguimiento ante los "daños evidentes" que provoca la fauna silvestre en el campo valenciano y que afecta directamente a la rentabilidad de las explotaciones.

La organización agraria aprovechará esa reunión para reclamar, entre otras cuestiones, que el control de la sanidad animal de la fauna salvaje pase en la Conselleria del área de Medio Ambiente a la Dirección General de Agricultura, que ya lo viene realizando para las especies ganaderas, de forma que se coordinen correctamente los controles y se detecten los posibles traspasos de enfermedades entre la fauna salvaje y las especies ganaderas.

También insistirá en que se establezca un plan de formación para las personas relacionas con el medio ambiente, como ganaderos, agricultores, agentes forestales, cazadores, pescadores, silvicultores para la vigilancia sanitaria de los animales silvestres con la intención de crear un sistema precoz de detección y alerta de focos de enfermedades como la PPA o la influenza aviar que podrían causar pérdidas millonarias a las ganaderías.

Del mismo modo, La Unió apuesta porque las administraciones efectúen de forma continuada un censo poblacional de las especies causantes de daños -agrícolas, ganaderos, accidentes de tráficos, infraestructuras, márgenes-, tanto en cotos, zonas comunes o gestionadas por las distintas administraciones, y se establezcan las directrices ordinarias y extraordinarias para su control en el caso de daños que superen los umbrales determinados.

Pide, así mismo, que se agilice la concesión de permisos o autorizaciones en las distintas zonas para que mediante la actividad cinegética se reduzcan los daños en los cultivos. Solicita también la organización regular por ley los controles poblacionales para aumentar la eficiencia en la gestión autorizando, para personal formado, visores térmicos y supresores de sonido, entre otros, con el objetivo de reducir el nivel de población de la especie sobre la que se actúa.

Otro de los aspectos que exige La Unió es que se mantengan en condiciones las infraestructuras -barrancos, márgenes de carreteras, vías ferrocarril- para que no sean reservorios de fauna salvaje con el fin de evitar los daños que provocan en los cultivos próximos. Para la fauna no cinegética, aboga por el establecimiento de un mecanismo de compensación por los daños.