El convenio ha sido firmado por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y el arzobispo de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, Celso Morga, y ambas instituciones se han mostrado "conscientes" de la necesidad de conservar los edificios religiosos de la provincia porque constituyen una parte importante de su patrimonio histórico y cultural, a la vez que realizan una encomiable función social.
El mismo convenio ya se firmó entre ambas partes en 2018, y ahora se ha renovado, ha detallado, junto con que habida cuenta del estado de deterioro y necesidades constructivas de dichos edificios, las dos instituciones desean aunar esfuerzos para financiar las obras de reparación y mantenimiento del mayor número posible de edificios parroquiales, de forma coordinada y con criterios preferenciales en función de la gravedad, urgencia y necesidad que en cada caso se plantee.
La Diputación de Badajoz ha compartido en nota de prensa la necesidad de restauración y conservación del patrimonio eclesiástico de la provincia, ya que "también forma parte de las tradiciones y de la riqueza patrimonial y constituyen otro de los importantes atractivos turísticos con los que cuenta el ámbito rural".
Además, en la mayoría de los casos "se trata de edificios o elementos con gran valor sentimental para los vecinos de las distintas localidades de la provincia", ha aseverado.
En estas obras de conservación se incluyen bienes muebles situados en municipios menores de 20.000 habitantes o entidades locales menores y que corresponden a la diócesis Mérida-Badajoz, siempre que no estén declarados de interés cultural o tengan expediente de declaración incoado a tal fin.
El presente convenio tendrá la vigencia de un año, desde que se firmara el pasado viernes 16 de julio de 2021 y, por su parte, el Arzobispado se compromete a ejecutar las obras antes del 30 de junio de 2022.
El estudio y selección de las obras a financiar con cargo a los fondos que se arbitran a través del presidente convenio se realizará por una comisión mixta, integrada por dos representantes de cada una de las instituciones firmantes.
Será esta comisión la que determine las actuaciones y obras a llevar a cabo. En este caso, las actuaciones de conservación y reparación se seleccionarán teniendo en cuenta, entre otros, varios criterios, como la gravedad de los daños, el estado de conservación, la urgencia y necesidad de actuación o en función de los centros.
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