Criticó además la "constante judicialización de la vida política", consideró que los jueces "tienen que ser conscientes del momento político que estamos viviendo y actuar en consecuencia".

Se preguntó si "en este momento político" era necesaria la comparecencia ante la Audiencia Nacional de un dirigente sindical y político "que ha venido participando en diferentes conversaciones en representación de una de las partes del conflicto, y que haya sido acusado de pertenencia o colaboración con banda armada cuando su actuación es 'full time' en el ámbito de la política y el sindicalismo", en alusión al dirigente de LAB Rafael Díez Usabiaga.

"Este tipo de situaciones, desde el respeto a cualquier resolución judicial, entiendo que se deberían tener muy en cuenta", aseguró el consejero, y precisó que, aunque puede que no se haga "con plena conciencia", algunas actuaciones judiciales "no benefician ese proceso de diálogo que tenemos que abrir definitivamente" y para el que reclamó una discreción que "no todos estamos teniendo".

Por su parte, Mercedes Gallizo aseguró que "no hay ninguna previsión" por parte del Gobierno" de transferir la competencia de prisiones al País Vasco "ni a ninguna otra comunidad", ya que la Administración central la está ejerciendo "con rigor y eficacia".

Justificó también la negativa del Ejecutivo a reagrupar a los presos de bandas armadas para "proteger a la sociedad" con una política de dispersión "que favorece el control de estas personas" y "evita que sigan manteniendo su actividad delictiva".

Gallizo explicó que en el último año se ha extendido esta política de dispersión a otras bandas armadas y a sus presos condenados por delitos de terrorismo de origen islamista y precisó que la estrategia de su Dirección General no es "de alejamiento de ningún interno de su lugar de origen; pero sí de dispersión en todos los centros del Estado español".

Por su parte, Azkárraga criticó el hecho de que, después de 25 años, el Gobierno se escude en que la competencia de prisiones "no está madura" o en que "no es el momento político oportuno" para ser transferida, y precisó que una ley orgánica como el Estatuto de Guernika "tiene que aplicarse, haya terrorismo o no".

Respecto al tratamiento de los presos, pidió que, independientemente de la afinidad ideológica, todos tengan el mismo tratamiento, y se preguntó "por qué Galindo o Vera pueden salir en libertad y otros presos en iguales condiciones, sean de ETA o no, no reciben un tratamiento idéntico".

Sobre la negativa del Ministerio del Interior a transferir las competencias de prisiones, señaló que su Ejecutivo "no puede aceptar" esa posición en la que el Gobierno "se salta la ley a la torera" sólo por razones estrictamente políticas y no jurídicas, y señaló que ésta es una decisión "unilateral" que hace "desconfiar" al Gobierno vasco de la política "del talante y de la sonrisa fácil".