El proyecto de Ley aprobado, que continuará ahora su tramitación parlamentaria en el Senado, recibió 193 votos a favor, 134 en contra y ninguna abstención y es el texto original aprobado en el Consejo de Ministros del 15 de abril, con la incorporación de una enmienda del grupo socialista de modificación del artículo 2.

Dicho artículo establece que el Estado transferirá a la Generalitat de Cataluña los documentos, fondos documentales y otros efectos, incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado y que, en virtud de dicha enmienda, deberán tener "residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña".

En el turno de intervenciones en la Cámara Baja, el diputado del PP, Gonzalo Robles, consideró que en realidad con esta ley "no hay ninguna reparación histórica" sino que "se cumple con el tripartito y con los acuerdos políticos que el Gobierno tiene".

Robles lamentó que esta sea la primera ley en el ámbito cultural aprobada por el Ejecutivo que sirve, en realidad, para "desmembrar el patrimonio histórico y para desgajar los archivos del Estado".

Asimismo se preguntó por qué en el debate de hoy no se consideró una enmienda en la que se pide que se haga con el Archivo de Salamanca "lo mismo que se hizo con el Archivo General de Indias de Sevilla", es decir, "que para mover un papel tiene que haber un informe preceptivo del Patronato".

El diputado de CiU Jordi Vilajoana expresó su satisfacción con el proyecto de Ley y el apoyo de la sociedad catalana para que este retorno "se haga en otras comunidades".

Vilajoana lamentó que "vascos, asturianos, aragoneses y valencianos no puedan hoy, con esta Ley, recibir un hecho que nos parece justo", por lo que se comprometió a que este "derecho" se amplíe a otras regiones con documentos incautados.

El diputado de ERC Francesc Canet afirmó que "estamos ante la reparación de una injusticia histórica", si bien lamentó que su consecución fuese tan ardua. No obstante, el diputado echó en falta en este proceso una apuesta de los medios de comunicación "por explicar claramente los hechos" y recordó que con lo hoy aprobado "sólo se devuelve un 2,5 por ciento de los archivos".

El diputado del PSC Alex Sáez Jubero dijo que "Cataluña no utilizará esta Ley como una victoria moral" y añadió que la aprobación de la normativa permite la superación de la Guerra Civil, "no hay superioridades morales si no experiencias distintas".

Por parte del Grupo Mixto, la diputada Begoña Lasagabaster recordó que el espíritu de su enmienda, que fue rechazada, es que "este espíritu de justicia en la restitución de documentos llegue a otras comunidades, como la vasca".

En parecidos términos se expresó el diputado de la Chunta Aragonesista, José Antonio Labordeta, quien lamentó la exclusión de los ayuntamientos de este proceso y recordó que muchos consistorios de Aragón quieren recuperar actas de este período.

En el mismo sentido se pronunció la diputada de IU-IC-IV Isaura Navarro, quien reclamó para la Comunidad Valenciana los documentos que les corresponden.

El diputado del PNV Aitor Esteban también pidió que lo que hoy se conseguía para Cataluña se formulase en los mismos términos para la sociedad vasca y dijo que aunque su voto negativo estaría justificado "no deseamos para Cataluña, la injusticia que sí se comete con nosotros".

El diputado de Coalición Canaria Luis Mardones valoró especialmente la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica.

Finalmente, cerró el debate el diputado del PSOE, Mario Bedera, quien subrayó la presencia conjunta ante la Cámara del PSC y el PSOE para "reparar una injusticia histórica" y acusó al PP de confundir a la opinión pública y de "disfrazar" su voto en contra con "razones técnicas que nada tienen que ver con su verdad, que es otra".

También criticó al PP por haber enfrentado a dos comunidades, Castilla y León y Cataluña, y hacer del Archivo General una "bandera regional" para atacar al Gobierno de la nación.