La mayoría de fiscales del Consejo Fiscal cree que la nueva Ley del Aborto es inconstitucional porque deja en desprotección al nasciturus. Los fiscales más conservadores han impuesto su criterio en la redacción de un informe que tiene carácter consultivo, pero no vinculante para el Gobierno.

La ley suscita dudas hasta en el sector más progresista de la Fiscalía. Un grupo de fiscales del Consejo Fiscal, entre los que se encuentra el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha pedido que las menores de 16 años sean invitadas a informar a sus padres sobre el paso irreversible que supone la interrupción del embarazo o el llevarlo a término.

En su informe, los fiscales explican que, junto a la información que debe tener la menor antes de decidir sobre la interrupción o no de la gestación, tiene que recibir "una explícita y razonada invitación" a informar a sus padres, tutores o a una persona adulta de su confianza.

Límite temporal

Los fiscales que suscriben este informe son conscientes de que "es obvio" que la posición de los padres puede tener "una relevancia extrema", entre otras razones, por su eventual disposición positiva a asumir y compartir con la gestante las cargas del embarazo y la maternidad.

Estos fiscales, pertenecientes al sector progresista del Consejo Fiscal, han afirmado que han echado de menos en el texto propuesto por el Gobierno una "mínima explicación" sobre los motivos por los que han optado por el límite de 14 semanas para que una mujer pueda interrumpir voluntariamente el embarazo.

Además, "tampoco se razona de manera explícita" por parte del Gobierno, según este informe, la introducción de un límite temporal de 22 semanas en los abortos terapéuticos.

Ley controvertida

Sobre la redacción del proyecto en cuanto a las penas con las que una mujer puede ser castigada por abortar, los fiscales han concluido que, si lo que se pretende ahora es "despenalizar la conducta de la mujer en toda clase de aborto" que se practique fuera de un centro autorizado, "debería corregirse la redacción extremadamente confusa" sobre las interrupciones del embarazo que en principio pueden "ser legales".

En el informe de los fiscales progresistas se reconoce que la ampliación de la Ley del Aborto es "una de las más controvertidas en el debate público democrático" y que se ubica en "una intersección sensible de discrepancias científicas, posiciones ideológicas e incluso sentimientos religiosos".

La posición del Consejo Fiscal no ha sido unánime, y los fiscales pertenecientes al sector conservador en su  informe creen que el derecho a la vida del nasciturus hace inconstitucional dicha reforma. "En puridad no puede hablarse de un derecho al aborto, pues ello supondría el reconocimiento del derecho a eliminar a un ser humano distinto de la madre y titular del derecho a la vida humana", dicen.