Concretamente, a Sevilla llegarán 70 funcionarios, de los que 40 realizarán sólo labores de seguridad ciudadana, lo que permitirá liberar a agentes de la Policía Local para dedicarse a otros casos. Además, el Gobierno municipal proyecta una ordenanza vandálica, cuyo fin es endurecer las multas y agilizar los procedimientos administrativos contra todos aquellos autores de destrozos en el mobiliario urbano, algo que hasta ahora gozaba de cierta sensación de impunidad, según el Ayuntamiento.