El primer ministro peruano, Yehude Simon, que ha viajado a Junín para una reunión negociadora con comunidades indígenas que participan en la protesta, dijo que su Gobierno pedirá al Congreso la derogación definitiva de los decretos legislativos 1090 y 1064, según la agencia oficial Andina.
Ambos decretos regulan el uso y explotación de los recursos hídricos y naturales de la selva, incluidos los de gas, petróleo y madera, y son rechazados por los movimientos indígenas por considerarlos lesivos para ellos y porque aseguran que no respetan los mecanismos de consulta legales. Asimismo, Simon anunció que este martes se levantará el estado de emergencia en Bagua, otra de las principales exigencias de los nativos para volver a negociar.
Piden perdón
El pasado miércoles, el Congreso suspendió la vigencia de esos dos decretos, pero los movimientos indígenas consideraron que no era suficiente y exigieron su derogación definitiva. El presidente de Perú, Alan García, dijo el domingo que "tampoco hay que forzar con mucha velocidad las cosas cuando todavía no estamos preparados, y si algunos tienen temor, entonces se va más lento y se toman otras decisiones".
Ahora corresponderá al Congreso votar la derogación, y queda por ver la reacción de los grupos indígenas, que exigían además derogar ocho decretos más, aunque el 1090 y el 1064 eran los más polémicos. El primer ministro de Perú, Yehude Simon, señaló que está dispuesto a pedir "un millón de veces perdón" por los violentos choques y anunció la creación de una comisión investigadora.
Origen del conflicto
En 2008, el presidente peruano promulgó una serie de decretos en el marco del Tratado de Libre Comercio entre el país suramericano y EE UU. Estos decretos regulan la explotación de los recursos forestales e hídricos en la región de la Amazonía, y permiten a compañías extranjeras (entre ellas, Repsol, Perenco o Petrobas) buscar gas y petróleo en tierras que los indígenas consideran suyas desde tiempos ancestrales.
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