A fin de parar la ola de violencia que se ha desatado en la Amazonía peruana por la aprobación de un decreto que autoriza la entrada a la región de compañías extranjeras, el Congreso e Perú ha decidido suspender durante 90 días la nueva norma, conocida como la ley de la selva. El pasado fin de semana, los enfrentamientos entre Policía y grupos indígenas se saldaron con la muerte de 24 agentes y 9 civiles.

Tras un debate de más de cinco horas, la suspensión ha sido aprobada con 57 votos a favor, 47 en contra y una abstención.

El decreto fue promulgado el año pasado en el marco del Tratado de Libre Comercio con EE UU. Regulaba la explotación de los recursos forestales e hídricos en la Amazonía y permitía a compañías extranjeras (entre ellas, Repsol, Perenco o Petrobas) buscar gas y petróleo en tierras que los indígenas consideran suyas desde tiempos ancestrales.

No consultaron a los pueblos

Los indígenas de la Amazonía y varias organizaciones no gubernamentales han advertido de que la norma fue aprobada sin el consentimiento de los pueblos nativos, contra lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo. De hecho, la Comisión de Constitución del Parlamento declaró la inconstitucionalidad del decreto 1090 el pasado 20 de mayo por esa razón.

Las comunidades amazónicas, congregadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), se movilizaron en varias acciones de protesta y se mantienen desde hace dos meses en paro indefinido para reclamar su derogación.

"El crimen no puede quedar impune"

El presidente de Perú, Alan García, ha declarado que el Congreso siempre está dispuesto a hacer las "variaciones necesarias" a las leyes propuestas por el Ejecutivo.

Sin embargo, ha recalcado que la solución "no pasa por matar a 24 policías, eso es un crimen que no puede quedar impune".