En una nota, Beardo ha especificado que este escenario estaba previsto y estaba todo planificado para tomar todas las decisiones que den seguridad jurídica y certidumbre a los portuenses, a los vecinos y a los proyectos que generan riqueza y empleo.
En este sentido, ha señalado que el equipo de gobierno de El Puerto "impulsó desde su llegada el estudio previo de alternativas y comparativo de los cuatro modelos de ciudad, realizado por el Servicio de Planeamiento en gestión directa, que es la base para la redacción del avance y de sus trámites ambientales, del Documento Inicial Estratégico y del Documento de Alcance".
El alcalde de El Puerto ha reseñado que el escenario actual era el esperado cuando se presentó el recurso de casación con el apoyo de todos los grupos políticos y "aunque sea un varapalo para la ciudad y que haya otras ciudades en la misma situación, El Puerto ha hecho los deberes y está en predisposición de comenzar un nuevo rumbo en el planeamiento de la ciudad, en el que no quede ni ningún desarrollo vecinal atrás ni ningún proyecto empresarial en la estacada".
Así, ha explicado que se volverá a reunir con la Junta de Andalucía en la mesa técnica para consensuar la capacidad de utilización del PGOU del 92 que permita la Administración Autonómica, para de este modo, en paralelo, mientras se realiza el avance del Plan General poder dar salida a los desarrollos legales en ciernes, así como a las ARGT o ARG, bien sea a través de modificaciones puntuales o bien sea a través de revisiones parciales del Plan del 92.
Igualmente se ha solicitado un dictamen jurídico a la Asesoría Jurídica de Urbanismo para analizar pormenorizadamente la afectación completa, tanto a nivel genérico de todas las áreas urbanísticas (Planeamiento, Gestión Urbanística, Edificación y Arquitectura, Disciplina Urbanística e Infraestructura) como a nivel más específico de Licencias, donde la casuística será más amplia.
Germán Beardo ha detallado igualmente que se crea una Oficina Especializada de Afectación, para atender a todos aquellos ciudadanos y promotores de forma individual y personalizada, para analizar cada casco concreto, que será dirigida por Alejandro Sepúlveda, que forma parte de la Asesoría Jurídica de Urbanismo.
"Gracias a que se ha trabajado desde el principio se está preparado para afrontar la situación que se ha producido como consecuencia de la sentencia anulatoria del Plan General recientemente notificada, con el objetivo final de dar la mayor certidumbre posible ante la gravedad del momento", ha afirmado.
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