Según informa el Gobierno regional, durante su intervención este lunes el Parlamento, ha agregado que la planificación aprobada el pasado abril por el Ejecutivo para los años 2022-2024 garantizará la sostenibilidad del gasto público, con independencia de las eventuales devoluciones de la financiación autonómica que se pudieran aplicar por parte del Estado.

Rodríguez defendió la gestión "previsora y prudente" realizada por su departamento, diseñada desde la prevención de que los recursos que han llegado a Canarias para combatir el Covid-19 son extraordinarios y de que en algún momento habrá que volver a normalizar las cuentas de la Comunidad Autónoma.

En este sentido, el vicepresidente recordó que el Gobierno aprobó hace unas semanas el Plan Presupuestario 2022-2024, un documento que incorpora el escenario de la devolución de recursos financieros al Estado.

"Nosotros, afortunadamente, no tenemos déficit estructural y podríamos hacer frente a esa situación sin comprometer la sostenibilidad del gasto público y, en consecuencia, de la prestación de los servicios esenciales", indicó.

En cualquier caso, señaló que la cláusula de escape que permite la suspensión de las reglas fiscales podría estar vigente hasta el año 2023, "una decisión acertada", si bien aseguró que el Gobierno canario se uniría a las negociaciones para establecer una moratoria, fraccionamiento o una condonación de las cantidades a devolver, si finalmente ese fuera el caso.

Por otro lado, Rodríguez también repasó las medidas de carácter tributario que ha aprobado el Ejecutivo canario para favorecer la actividad de las pymes y autónomos, tales como la relajación de las obligaciones tributarias de los contribuyentes; el ajuste de las cantidades devengadas; la extensión del tipo 0 del IGIC a productos sanitarios (mascarillas incluidas) o la disponibilidad de liquidez, mediante los aplazamientos del IGIC y del AIEM durante el primer trimestre del año, entre otras

Además, precisó las cantidades que ha destinado el Gobierno a ayudas directas para autónomos, pymes y empresas: 95 millones en 2020 y 165 millones en 2021, de los que 84 ya se están abonando y para el resto se ha pactado con las patronales turísticas una reprogramación por la que se destinarán a sufragar el equivalente al IBI y fomentar el consumo mediante bonos.

Finalmente, a esos 260 millones se suman ayudas por 1.144 millones, cuya convocatoria ya se publicó el pasado sábado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).