A juicio del colectivo, esta "burda maniobra" está destinada a "perpetuar la destrucción de la Sierra de Esparteros", frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, merced a un recurso promovido por Ecologistas en Acción, anuló las resoluciones mediante las que la Junta de Andalucía autorizó la prórroga solicitada por la empresa Sierra de Morón S.A. (Sidemosa) para seguir explotando 30 años más como cantera dicho entorno dada "la incompatibilidad urbanística de la prórroga con arreglo al planeamiento" urbanístico de la localidad.

SIN CUMPLIR

"La Sierra de Esparteros está clasificada en su gran mayoría como suelo no urbanizable de especial protección y conservación prioritaria desde las normas urbanísticas de 1982, por sus valores ecológico-ambientales, pero esas normas urbanísticas nunca se han cumplido durante más de 30 años", avisan los ecologistas con relación a la actividad extractiva.

"Un informe de abril de 2013 del arquitecto municipal lo dejó claro. En los suelos no urbanizables de especial protección y conservación prioritaria están expresamente prohibidas las actividades extractivas, industriales y los movimientos de tierra. El actual alcalde ocultó ese crucial informe con el claro objetivo de impedir la aplicación de la normativa urbanística municipal, exclusiva de su competencia, que prohibía la prórroga de la explotación minera, cuya vigencia había terminado en diciembre de 2012, y que de hecho estaba entonces paralizada", aseveran los ecologistas.

LA "OMISIÓN" DEL AYUNTAMIENTO

Y es que en 2015, una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz recogida por Europa Press exponía que en el marco de la mencionada solicitud de prórroga, el Ayuntamiento de Morón "omitió" supuestamente que los terrenos están declarados como suelo "no urbanizable de conservación prioritaria", a la hora de elevar la documentación pertinente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para que la misma emitiese la correspondiente declaración de impacto ambiental.

Para los ecologistas, la nueva operación urbanística supone "un nuevo desprecio a las más de 4.000 alegaciones que la ciudadanía presentó en defensa de la Sierra de Esparteros y contra ese mismo intento de desprotección que el Ayuntamiento estaba planificando en el nuevo PGOU".