Así mismo, el PAR solicita que se permita a los ayuntamientos disponer de un plazo de ejecución de sus remanentes en los ejercicios 2022 y 2023, ha informado este grupo en una nota de prensa.

En concreto, el Partido Aragonés plantea que la DPH reivindique el "papel esencial" que los ayuntamientos, comarcas y diputaciones para la sociedad en la actual crisis generada por la pandemia del coronavirus "y de cara a la transformación que se plantea en próximos años".

Por eso, apuesta por dotar de recursos "suficientes" y la participación de las entidades locales como destinatarias en la asignación de los fondos europeos y para eso respalda el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), de 20 de mayo, así como la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de 31 de marzo.

La FEMP ha pedido que las entidades locales deberán recibir el 15 por ciento de los fondos que las comunidades autónomas recibirán de Europa -Fondos REACT-EU-, y del Gobierno de España en ayudas directas para pymes y autónomos, es decir, 15.000 millones de euros, "una vez descontados los gastos de sanidad".

REMANENTES

Por otro lado, en la línea de lo acordado por la FAMCP, la propuesta del PAR señala la necesidad de que se impulse las disposiciones legales pertinentes para que las entidades locales puedan ejecutar gastos e inversiones con cargo a sus remanentes, también durante 2022 y 2023, prolongando en su caso la suspensión de la regla de gasto y la flexibilización de las reglas fiscales para dichos ejercicios.

El Partido Aragonés ha recordado que, en enero, la DPH ya pidió extender ese plazo a 2022, por iniciativa del PAR, pero "transcurrido medio ejercicio de 2021, la realidad de la gestión de las administraciones locales revela diversas circunstancias".

En primer lugar, "la importancia de la tarea de los ayuntamientos, comarcas y diputaciones tanto para hacer frente a las consecuencias de esta crisis, como también para contribuir a la recuperación".

En segundo lugar, el "esfuerzo de gestión" que supone para los ayuntamientos, sobre todo lo más pequeños, hacer frente a los trámites preceptivos para llevar a cabo las modificaciones presupuestarias, la elaboración y aprobación de proyectos, su licitación, adjudicación y ejecución de forma que "difícilmente en 2021 y aunque se ampliara ese periodo a 2022, podrían aplicar todos los recursos disponibles", ha esgrimido el PAR.

Este grupo ha apuntado, asimismo, que no se ha alcanzado una respuesta efectiva al principio "incuestionable" de que la participación de las entidades locales, a través de iniciativas para la mejora y modernización de ciudades y pueblos, en beneficio de la sociedad, "resulta determinante" para alcanzar la reactivación y la transformación económica y social que se pretende con la extraordinaria aportación de fondos desde la Unión Europea.

Según el PAR, esta perspectiva es particularmente decisiva en comunidades como Aragón, donde los ayuntamientos desempeñan una "función clave, dadas las características de extensión, dispersión, despoblación de nuestra comunidad autónoma".