El texto legislativo autonómico se ha resumido de manera sencilla, de tal forma que facilita la comprensión por parte de toda la ciudadanía, incluidas las personas con problemas cognitivos o discapacidad intelectual, han indicado desde el Ejecutivo a través de nota de prensa.

Para llevar a cabo esta actuación, que se enmarca en la Semana de la Administración Abierta 202, el Principado ha colaborado con la entidad Plena Inclusión, que ha sometido el texto a la revisión de personas con diferentes tipos de discapacidad con el fin de comprobar su correcta adaptación al lenguaje inclusivo.

La complejidad de las normas administrativas dificulta su comprensión por parte de las personas con problemas cognitivos o discapacidad intelectual, que ven mermadas sus posibilidades para ejercer sus derechos, en parte, por las barreras de acceso a la información.

Por ese motivo, la Dirección General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 ha querido facilitar una versión de la ley autonómica adaptada a estos colectivos.

"Una Administración abierta no excluye a una parte de la sociedad. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las demás y han de tener las mismas posibilidades de ejercerlos. Ese es uno de los grandes retos si queremos una sociedad y una democracia realmente inclusivas con las que las personas se sientan identificadas y comprometidas", ha destacado la consejera de Presidencia, Rita Camblor.