Los juzgados 6 y 4 de Ponferrada se han negado a llevar cabo la investigación sobre los hechos que llevaron a la muerte a tres hombres que fueron exhumados de una fosa común en la localidad leonesa de Toral de Merayo, por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Se trata de una fosa cuya causa fue remitida por el juez Baltasar Garzón a los juzgados ponferradinos, por encontrarse entre las que formaron parte de las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional acerca de los crímenes de la dictadura franquista.

La denuncia fue presentada por un representante de la ARMH cuando aparecieron los primeros restos en la fosa, con evidentes signos de violencia, en la que se encontraron tres hombres. En aquellos momentos estaba de guardia el juzgado número 4 y el Decanato trasladó la denuncia al número 6 que emitió una diligencia explicando por qué no considera que sea de su competencia.

En su escrito el juzgado número 6 de se asegura que: "Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, por lo que de conformidad con el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede incoar Diligencias Previas".

Pero ese mismo juzgado que considera que podrían darse evidencias para llevar a cabo una instrucción cuestiona la decisión del Decanato y argumenta que debería ser el juzgado número 4 el competente.

La ARMH presentará una reclamación a través del servicio de atención al ciudadano ante el Consejo General del Poder Judicial, con el fin de que se resuelva la cuestión de que juzgado debe llevar a cabo las diligencias y se cumpla con uno de los principios fundamentales del derecho humanitario que es la rapidez en la instrucción para evitar sufrimientos innecesarios a los familiares de los desaparecidos.

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