Así lo señala en una respuesta parlamentaria al senador de Compromís, Carles Mulet, en la que afirma que el Ministerio del Interior tiene, entre sus objetivos, "la mejora de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad". La construcción del nuevo hospital psiquiátrico de Siete Aguas sustituiría al psiquiátrico penitenciario de Foncalent en Alicante.

Mulet había preguntado al ejecutivo por la construcción de este espacio ante las informaciones publicadas sobre el proyecto en este municipio, en el que se había concebido inicialmente unas instalaciones para un centro penitenciario convencional y que ahora podría ser un psiquiátrico con 500 plazas.

Mulet le traslada en la pregunta el rechazo al proyecto de una serie de organizaciones vinculadas a la salud mental que consideran que este centro "refuerza una serie de valores que son totalmente contrarios a los que, desde hace tiempo, se defienden de forma clara y repetida desde las distintas instituciones españolas e internacionales implicadas este ámbito".

En esta línea, apuntan las organizaciones que las estrategias de intervención en este psiquiátrico penitenciario "van en dirección totalmente opuesta a la que marcan tanto organismos nacionales (...) como internacionales (...)".

Estos organismos abogan por mantener a personas en esa situación "en contextos que proporcionen máxima oportunidad de recuperación personal y social, mediante equipos que trabajan en dispositivos asistenciales insertos en el medio comunitario, en la red general de atención del SNS y de los servicios sociales, evitando las instituciones de gran tamaño y aisladas del contexto de vida diaria, que significan la marginación y riesgo de máxima exclusión de esta población".

Para las entidades citadas por el senador, este macrocentro "supondría perpetuar un modelo anacrónico, sin justificación posible, por lo que exigen la "inmediata cancelación" del proyecto y la transferencia de las competencias sanitarias penitenciarias a las Comunidades Autónomas, "lo que permitiría avanzar en dar una solución a este grave problema de acuerdo a las necesidades locales y conforme a lo establecido en el Ley 16/2003 de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud".

Recientemente, la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, mostró su rechazo a este proyecto y defendió, por contra, un modelo de tratamiento comunitario, "amable" y próximo para las personas con trastornos de salud mental, en infraestructuras pequeñas tanto si son residencias como centros diurnos para evitar su "desarraigo". Así lo trasladó en una reunión que mantuvo con representantes de entidades del sector de salud mental, para abordar precisamente el proyecto de Instituciones Penitenciarias.