La Fiscalía pide por estos presuntos hechos 11 años de prisión, la prohibición durante 16 años de comunicarse con su hijo y de aproximarse a él a menos de 500 metros, y la medida de libertad vigilada durante seis años que consistirá en la obligación de participar en un programa de educación sexual.

El fiscal también pide acordar la privación de la patria potestad del menor, la inhabilitación especial para cualquier profesión que conlleve contacto con menores edad, así como una indemnización de 10.000 euros en concepto de daños morales.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, la procesada, durante los periodos en que disponía de la guarda y custodia de su hijo, presuntamente aprovechó para abusar sexualmente de él. El fiscal considera que "la procesada aprovechó que su hijo se encontraba en una situación de total indefensión y no podía oponer resistencia alguna debido a que carecía de un mínimo desarrollo intelectual y físico que se lo permitiera debido a que aún no había cumplido los cinco años de edad".

En noviembre de 2017, el padre del menor interpuso una denuncia por estos hechos. Por ello, en marzo de 2018, el Juzgado de Instrucción nº5 de Palma prohibió a la acusada la posibilidad de acercarse o contactar con su hijo.

La Fiscalía acusa a la mujer de un presunto delito de abusos sexuales sobre menor de 16 años consistente en acceso carnal por vía bucal y con prevaliimiento de parentesco y de una situación de total indefensión de la víctima.