«El problema es que se ha querido aplicar una ley, que es progresista y muy positiva, pero sin contar con los medios necesarios», explica el coordinador regional de CC.OO en materia de Justicia, José M. Vico.
Por su parte, su homólogo en Córdoba, Vicente Baylina, explicaba que de momento la situación se está salvando por la buena voluntad de los funcionarios de Justicia, que «están echando hasta 50 y 60 horas semanales».
Las cifras que avalan la denuncia enérgica del sindicato, que se extenderá al resto de las provincias andaluzas —sólo en Málaga, Granada y Sevilla hay Juzgados específicos para la violencia de género— son alarmantes.
El Juzgado número 7 de Córdoba ha tramitado 1.170 asuntos de violencia doméstica (189 específicos, más 981 remitidos del Juzgado de Familia o del de Guardia), con la lógica demora del resto de los juicios. Esto sin describir la kafkiana situación que produce tener en un «mismo pasillo a los detenidos, las víctimas y los familiares».
La Junta pide tiempo y cautela
Fuentes de la Delegación de Justicia de Córdoba rehusaron contestar al envite del sindicato y señalaron que aún es pronto para hacer un análisis crítico de la situación de los juzgados que tramitan casos de violencia de género. No obstante, en breve, el delegado de Justicia de Córdoba, Esteban Morales, comparecerá ante los medios de comunicación para hablar sobre este asunto.
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