Asimismo, ha explicado que los miembros del Consejo de Administración de la caja no tuvieron acceso a ese informe desfavorable dado que "estaba superado" por la decisión del analista jefe, del director y del subdirector del departamento de riesgos, y por tanto "sabían que la resolución de las operaciones de crédito estaba informada favorablemente por los máximos responsables".

Al hilo, Coll ha indicado que la información que llegaba sobre las diferentes operaciones al Consejo de Administración era la que proporcionaba el Comisión Ejecutiva, se leía el acta de ese órgano, y generalmente quien presentaba las propuestas era el director general, Pedro Batle o Pablo Dols.

En este sentido, ha matizado a preguntas de la defensa de uno de los acusados que en el Consejo de Administración de San Nostra no se aprobaban operaciones de riesgo, solo tenían conocimiento de las mismas, dado que esa función se había delegado en la Comisión Ejecutiva. Y ha recordado que las diferentes propuestas que llegaban a ése órgano era suficientemente debatidas y en ellas se analizaba información y "se buscaba siempre la mejor alternativa para la caja".

Esta ha sido la tercera sesión del juicio oral que se celebra en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal contra los directivos de Sa Nostra Pablo Dols, Rafael Oliver y Pere Batle, y contra el empresario Javier Collado, dado que el promotor Martín Gual ya ha fallecido. A todos ellos el Ministerio Fiscal les imputa un delito continuado de apropiación indebida, subsidiario de delito continuado societario, y pide cuatro años de cárcel para cada uno excepto para Collado, para quien interesa dos años y seis meses.

NI BATLE NI DOLS TOMARON LA DECISIÓN

Este lunes, quien fuera secretario general de la caja ha declarado que ni Batle ni Dols pudieron tomar la decisión de conceder créditos a sociedades de Gual dado que no tenían esa facultad. Y ha incidido en que cada decisión financiera pasaba por los circuitos habituales de la entidad. "Todas pasaron por el comité de inversiones previos informes de analistas, informe comercial (...), pasaron por todos los órganos previos a la comisión ejecutiva", ha añadido.

Según el escrito de acusación de Fiscalía, desde la caja de ahorros hoy ya desaparecida entre 2005 y 2010 se produjeron sucesivas operaciones de financiación al Grupo Martín Gual, que fueron concedidas sin valoración real de los riesgos, sin tasaciones actualizadas y sin estudios de viabilidad. "El resultado fue el desvío de una parte importante de los fondos entregados, que quedaron definitivamente en manos ajenas a la caja de ahorros, así como la causación de un perjuicio patrimonial relevante a la entidad", indicaba.

Para el Ministerio Público, en 2008, dadas las dificultades financieras de grupos empresariales financiados por Sa Nostra y con el propósito de ocultar la situación financiera real que eso generaba en la entidad, Batle, Dols y Oliver "se concertaron con Martín Gual para que éste se colocase en el lugar de las sociedades Grupo FBex y Grupo Ibercom, fuertemente endeudadas con Sa Nostra y que en ese momento atravesaban grandes dificultades financieras".

"El objetivo era mantener oculto ante terceros el progresivo deterioro patrimonial de la Caja y Martín Gual aceptó colocarse en la posición de tales deudores porque para ello no habría de asumir riesgo alguno. En su lugar, percibió un importante beneficio económico", sostenían el Ministerio Fiscal.

DICE QUE NO HUBO ENTREGA DE TESORERÍA

Pero Coll, respecto al terreno de Son Bordoy, ha indicado que la subrogación en favor de las sociedades de Gual no supuso ninguna entrega de tesorería ni de dinero porque sólo se pasaba la deuda a un nuevo deudor.

Este lunes también ha declarado el que fuera subdirector del área de participadas no inmobiliarias de Invernostra -cien por cien participada por Sa Nostra- José María Navarro, quien ha indicado a la fiscal que en los Consejos de Administración había orden del día y constaba toda la documentación de los expedientes

Al igual que el anterior testigo, éste ha apuntado que todo lo que llegaba al Consejo de Administración de Invernostra pasaba previamente por procesos de aprobación, como la autorización del comité de inversiones, "y una vez que se decidía que era viable pasaba al consejo". "No hay operación que no haya tenido autorizaciones previas de órganos decisorios", ha explicitado, para luego añadir que ninguna operación o decisión fue impuesta ni por Batle ni por Dols.

"LLEGABAN CON TODAS LAS BENDICIONES"

Tras estos dos testigos ha llegado una batería de hasta tres personas que participaron o en el Consejo de Administración de la caja o en el de Invernostra, y todas han coincidido en que sus conocimientos financieros eran nulos (tienen otras carreras no vinculadas a la economía como Historia o Ingeniería de Telecomunicaciones) y que entendían que las operaciones que llegaban para su aprobación ya habían sido revisadas pertinentemente por los órganos correspondientes. "Llegaban con todas las bendiciones", ha recalcado una.

Además, ninguna de las tres personas han señalado haber tenido la sensación de que los ejecutivos de la caja -Batle y Dols- les impusieran sus criterios para aprobar determinadas operaciones de riesgo sino que exponían lo que opinaban. "Convencían, no imponían", ha destacado una.

Estos miembros del consejo de administración representaban a diferentes estamentos en la entidad, como los impositores o los ayuntamientos. Y han destacado que a pesar de tener a su disposición los expedientes que se trataban en las reuniones, ellos no los leían.

El último testigo, a propuesta de la defensa de Javier Collado, ha sido el gestor urbanístico José Luis Guillén, quien ante el tribunal ha expuesto que fue uno de los que sucedió a Collado en la sociedad propiedad de Gual para Son Bordoy, Haras Gestión.

Guillén ha indicado que al igual que en su caso, Collado se encargaba de la gestión del desarrollo urbanístico, y ha explicado que Martín Gual tenía un equipo para el área financiera de su confianza, al frente del cual estaba Francisco Tomás. "Era el brazo derecho y contable financiero del señor Gual", ha indicado.

Sobre Collado, ha explicado que era un buen especialista en desarrollo urbanístico y ha añadido que heredó el proyecto de Son Bordoy de él, y que "hizo todo lo necesario". "Me lo encontré ya todo hecho", ha incidido para luego añadir que siguió los hitos necesarios "mucho éxito y con importantes plusvalías".

Al respecto, ha ahondado en que logró que el suelo pasara de 25 viviendas por hectárea a 75 viviendas por hectáreas, lo que propició que de 200 viviendas se pasara a 750. Esto habría supuesto un incremento en el valor de los terrenos de 60 ó 70 millones de euros fácilmente, ha añadido, si bien nunca se llegó a edificar allí..