Adrián Ortega tenía 21 años cuando en abril de 2006 una sobredosis de benzodiacepinas y metadona lo dejó en estado vegetativo. Estaba ingresado en el centro penitenciario Puerto II y dentro de un programa de prevención del suicidio por sus problemas mentales y su drogadicción. Su madre, Carmen, pide ahora una indemnización al Estado, al que culpa de la actual situación de su hijo.

Dos son las razones. Que nadie le hiciera caso cuando pidió a la prisión que Adrián fuera internado en un centro de rehabilitación, ya que su salud mental y física se iba deteriorando rápidamente, y cómo obtener metadona si no estaba en ningún programa que la usase.

"Mi hijo ya ha pagado su deuda con la sociedad, pero ¿quién paga ahora la de la sociedad con él?", pregunta la madre.

La familia de Adrián, de Jerez de la Frontera (Cádiz), recibe 441 euros de ayuda de la Junta y 324 de la Ley de Dependencia. "Mi hijo necesita una persona a su lado todo el día, además de rehabilitación, cremas, asistencia médica... Y eso nos cuesta el triple de lo que nos dan. Hay semanas que no lo llevo al psiquiatra porque no tengo para el taxi".

En el Tribunal Supremo

La primera demanda para que el Estado asuma su responsabilidad patrimonial fue rechazada por el juez y ahora ha sido presentada en el Tribunal Supremo. "En la cárcel me dijeron que peleara por mi hijo, que lo habían tratado como un perro. Lo haré a muerte. Si es necesario, llegaré a los tribunales internacionales".

La Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida (Enlace) critica que sólo el 19% de los presos es tratado de sus adicciones, cuando entre el 70% y el 80% de la población reclusa tiene problemas con las drogas y están en la cárcel por delitos menores relacionados con su adicción. Se queja de que el 26% sufren problemas psiquiátricos y que no son tratados por especialistas. Y recuerda que 377 personas han muerto en las cárceles andaluzas desde 2000, de los que 186 se suicidaron.

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