Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press a través del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el ahora condenado prestó servicio en el despacho de marzo de 2017 a enero de 2019, tiempo en el que falsificó cheques para hacerse con más de 132.000 euros, un delito continuado de apropiación indebida.

La sentencia recoge que el trabajador, en una primera etapa como asalariado y después como autónomo, ya devolvió la cantidad retirada ilegalmente y que podrá suspender la pena de prisión si no comete nuevos delitos en el plazo de dos años.