El presidente de EE UU, Barack Obama, dejó la puerta abierta a posibles imputaciones de altos cargos del Gobierno de George W. Bush que autorizaron el empleo de técnicas de interrogación coercitivas contra sospechosos de terrorismo.

Obama reiteró su oposición a que se abra un proceso judicial contra los funcionarios de la CIA que aplicaron esas técnicas a los detenidos, pero dejó en manos del Fiscal General la decisión sobre un posible enjuiciamiento de aquellos que autorizaron con argumentos jurídicos prácticas como la asfixia simulada.

El mandatario estadounidense explicó de nuevo que no cree que "sea apropiado" que se enjuicie a aquellos que ejecutaron algunas de las prácticas coercitivas dentro del marco legal facilitado por los asesores jurídicos de la Casa Blanca.

"Con respecto a aquellos que formularon esas decisiones jurídicas, diría que eso será más una decisión para el Fiscal General dentro de los límites (fijados) de varias leyes y no quiero emitir un juicio anticipado sobre esto", afirmó.

La decisión la tomará el secretario de Justicia

De esta manera, Obama deja en manos del secretario de Justicia, Eric Holder, la decisión sobre la viabilidad jurídica de un posible proceso judicial contra aquellos altos cargos de la Administración Bush implicados en la polémica sobre las torturas practicadas a sospechosos de terrorismo.

No obstante, reiteró que "en general, creo que debemos mirar hacia delante y no hacia atrás".