En la reunión, en la que estuvo también el delegado provincial de Plena Inclusión, red de organizaciones mayoritaria en el sector en España, Antonio Fernández, y otros representantes de colectivos asociados en la provincia, se expuso la "difícil" situación en la que se encuentran y la necesidad de iniciar una campaña de concienciación para "dar a conocer las reclamaciones que el sector plantea a la Junta de Andalucía".

Así lo ha expuesto la Diputación en una nota en que estos representantes se han referido a "retrasos en los pagos de los servicios concertados, a la no actualización de los costes de las plazas (desde 2009), a los gastos extra por la pandemia, a retrasos en la cobertura de plazas vacantes mientras existen listas de espera, a falta de reuniones de coordinación con la Junta, o a retrasos en las adjudicaciones para los centros de Atención Temprana", entre otras reivindicaciones.

Tanto el presidente como la diputada han mostrado su apoyo a todas estas demandas, han destacado el "extraordinario trabajo" que desarrollan los profesionales de este sector, que en Granada agrupa a unas 5.000 personas, y han comprometido "en la medida de lo posible" el respaldo de la Diputación provincial para que desde la Junta de Andalucía se ofrezca una respuesta rápida y se dé una salida a la situación.